📚 “Silvia Inchaurrondo desarma a Feijóo con su propia ignorancia: la ley lo dejó sin palabras en directo” 🎤🧨

Todo ocurrió en La Hora de La 1, en medio de una emisión que parecía una más entre tantas.

Pero Silvia Inchaurrondo decidió romper el guión habitual.

Con una calma inquietante, pidió silencio, sacó un documento, miró a cámara y comenzó a leer.

No era una editorial.

Era el artículo 48 de la Ley de Montes.

Y con cada palabra, con cada inciso, dejaba claro que las comunidades autónomas tienen la obligación —no la opción— de elaborar, publicar y aplicar planes anuales de prevención y extinción de incendios.

Y que no lo están haciendo.

El impacto fue inmediato.

Mientras desde la dirección del Partido Popular se insiste en responsabilizar al Gobierno central de cada hectárea quemada, de cada brigadista desbordado, Inchaurrondo puso el foco donde verdaderamente está

la responsabilidad legal: en los gobiernos autonómicos.

Con su lectura, desmontó la estrategia de desgaste político que Génova lleva semanas empujando en medios y redes.

La ley no es ambigua.

No hay espacio para interpretaciones creativas.

Las competencias en materia de montes, prevención forestal y planes de emergencia están claramente asignadas a las comunidades autónomas.

Pero eso no fue lo más demoledor.

Lo que realmente marcó un antes y un después fue la forma en que lo hizo: sin dramatismo, sin adjetivos, sin necesidad de atacar directamente a nadie.

Solo leyó.

Y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier cruce político.

Porque mientras ella hablaba, se oía caer la fachada argumentativa de muchos presidentes autonómicos del PP que en los últimos días habían salido en tromba a cargar contra Pedro Sánchez.

Las redes sociales estallaron.

Usuarios de todo el espectro ideológico compartieron el clip como un ejemplo de periodismo que no se esconde.

“Basta con leer la ley”, escribían una y otra vez.

La frase se convirtió en lema, en meme, en réplica viral.

Y con razón: en un país donde la política se alimenta de titulares incendiarios y medias verdades, la lectura literal de una ley en televisión se sintió como un acto revolucionario.

Pero el contenido de esa ley no solo fue una cachetada retórica.

Fue una llamada de atención.

El artículo 48 no se limita a sugerir medidas.

Obliga.

Y lo hace con fechas concretas: cada comunidad autónoma debe publicar su plan de prevención antes del 31 de octubre del año anterior.

Es decir, los planes de 2024 deberían estar disponibles desde octubre de 2023.

¿Cuántos gobiernos lo hicieron en tiempo y forma? Muy pocos.

¿Y cuántos han preferido echar balones fuera cuando los incendios arrasan zonas enteras? Demasiados.

Silvia Inchaurrondo no improvisó.

Sabía exactamente qué estaba haciendo.

Mostró que el debate no es ideológico, es legal.

Que no se trata de buscar culpables en Madrid mientras se eluden responsabilidades en Valladolid, Sevilla o Santiago.

Y que los incendios no entienden de campañas electorales ni de guerras partidistas.

Entienden de planificación.

De mantenimiento forestal.

De equipos operativos activos todo el año.

Y eso, según la ley, corresponde a las autonomías.

Punto.

El repaso también incluyó el sistema de niveles de emergencia.

La presentadora explicó que hasta el nivel 2, el incendio es competencia directa de la comunidad autónoma.

Solo cuando se declara el nivel 3, es decir, cuando hay amenaza nacional, el Estado entra en juego.

¿Y cuántos incendios llegan a ese nivel? Muy pocos.

La mayoría deben ser gestionados —y prevenidos— por las regiones.

Esto hace aún más contundente la lectura de Inchaurrondo, porque dejó sin excusas a quienes intentan nacionalizar una responsabilidad local.

Las comunidades gobernadas por el PP no salieron bien paradas.

Castilla y León ha recortado brigadas, Andalucía ha externalizado servicios clave y Madrid ha sido denunciada por su inacción en materia de prevención forestal.

Inchaurrondo no lo dijo.

No hacía falta.

Leyó la ley.

Y al hacerlo, señaló sin necesidad de nombres.

Fue una lección de periodismo, de pedagogía democrática y, sobre todo, de cómo enfrentarse al ruido político con la fuerza de los hechos.

El impacto fue tan fuerte que incluso voces dentro del propio Partido Popular comenzaron a mostrarse incómodas.

No porque se hubiera dicho algo ofensivo, sino porque lo que se mostró fue irrefutable.

No era un ataque político.

Era un recordatorio institucional.

Uno que desmontaba, línea por línea, el discurso construido en las últimas semanas para desgastar al Gobierno central con cada hectárea calcinada.

También es importante destacar el contexto en el que esto sucede.

El verano de 2025 ha sido especialmente duro.

Miles de hectáreas arrasadas, pueblos enteros en vilo, brigadas exhaustas.

Y en medio de esa emergencia, la ciudadanía busca certezas, soluciones y verdades.

No quiere ver cómo los políticos se pasan la pelota.

Quiere saber quién tiene que hacer qué.

Y ahí, la ley de Montes es clara.

Y Silvia Inchaurrondo se encargó de mostrarlo.

Pero esto va más allá de un momento viral.

Lo que ocurrió en La Hora de La 1 podría marcar un antes y un después en la forma en que se cubren las crisis políticas.

No desde la opinión, sino desde la información objetiva.

Leer una ley en directo, con claridad y contexto, no es solo una herramienta periodística.

Es un acto de responsabilidad democrática.

Feijóo no respondió.

Ni lo hizo en el momento, ni lo ha hecho después.

Quizá porque no hay nada que responder cuando la ley habla tan claro.

Su silencio posterior fue interpretado como lo que realmente fue: la evidencia de que no había preparado una réplica para una verdad tan simple.

Las comunidades autónomas tienen la obligación de planificar, prevenir y actuar.

Si no lo hacen, no pueden culpar al gobierno central por los incendios que luego se salen de control.

Y así, con un gesto tan básico como abrir un BOE en televisión, Silvia Inchaurrondo hizo lo que muchos periodistas olvidan: usar la verdad como arma.

Una verdad que, esta vez, no vino de filtraciones, ni de fuentes anónimas, ni de exclusivas.

Vino de la ley.

Escrita.

Pública.

Incómoda para algunos.

Liberadora para otros.

Y devastadora para quienes pretendían seguir culpando a otros de lo que está bajo su competencia directa.

La historia ya está escrita, y lo que viene después será aún más interesante.

¿Comenzarán las comunidades a cumplir con sus obligaciones legales? ¿O seguirán apostando por la estrategia del “no es mi culpa”? Lo que está claro es que, gracias a gestos como el de Inchaurrondo, la

ciudadanía ahora sabe dónde mirar.

Porque cuando un artículo de ley en directo deja a toda una narrativa sin palabras, lo que arde no son solo los montes.

Arde también el relato.

Y eso, en política, puede ser más devastador que cualquier incendio.