En las últimas horas, se ha conocido que la Guardia Civil estaría investigando al PSOE por un presunto caso de fraude electoral, lo que algunos ya califican como un posible “pucherazo” que podría tener consecuencias judiciales y políticas de gran alcance.

Según diversas fuentes cercanas al caso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estarían recopilando información sobre posibles irregularidades en el recuento de votos en determinadas regiones durante las pasadas elecciones generales.

Las sospechas se centrarían en voto por correo, duplicación de censos o manejo fraudulento de actas electorales.

Si bien la investigación se encuentra en fase preliminar, el simple hecho de que se haya abierto una diligencia por parte de las autoridades ha encendido todas las alarmas en el entorno político.

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El origen de esta investigación estaría vinculado a varias denuncias ciudadanas y de grupos independientes que han aportado pruebas documentales y testimonios.

Algunas plataformas aseguran haber detectado incongruencias estadísticas entre los votos escrutados y los resultados finales en ciertas mesas electorales, lo que ha motivado la apertura de las pesquisas.

Hasta el momento, el PSOE no ha emitido un comunicado oficial sobre esta supuesta investigación.

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Fuentes internas aseguran que “no hay nada que ocultar” y acusan a ciertos sectores de “difundir teorías de la conspiración sin fundamento”.

Sin embargo, en la oposición ya se escuchan voces que exigen transparencia y una auditoría independiente del proceso electoral.

Algunos partidos minoritarios han aprovechado para pedir una revisión del sistema de voto por correo.

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En caso de que se confirme algún tipo de irregularidad, las consecuencias podrían ser graves: desde la anulación de resultados en determinadas circunscripciones hasta la apertura de un proceso judicial contra los responsables.

Incluso, si el escándalo toma fuerza, podría desembocar en una moción de censura o elecciones anticipadas.

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