España ha alcanzado un gasto histórico de 6.483 millones de euros en prestaciones por desempleo durante el primer trimestre de 2025, impulsado por el aumento del salario mínimo, la mejora de las cotizaciones y la persistencia del desempleo estructural, lo que revela tensiones profundas en el mercado laboral y genera preocupación sobre la sostenibilidad del sistema.

España ha registrado una cifra récord en el gasto destinado a prestaciones por desempleo en el primer trimestre de 2025, alcanzando los 6.483 millones de euros.

Este dato, lejos de ser solo una cuestión contable, revela síntomas preocupantes sobre el estado real del mercado laboral.

Aunque la cifra de personas beneficiarias se mantiene en torno a los 1,8 millones, el aumento en la cuantía media de la prestación y la duración de los periodos cubiertos reflejan tensiones estructurales en el sistema.

Por primera vez en la historia, la prestación contributiva media ha superado los 1.000 euros al mes, situándose en 1.005 euros durante el mes de marzo.

El Ministerio de Trabajo ha explicado que este incremento se debe a los efectos de la subida del salario mínimo y a la recuperación de las bases de cotización tras años de precariedad laboral.

Sin embargo, detrás de estos números se esconden dinámicas laborales que muchos expertos consideran insostenibles.

El mercado de trabajo español sigue profundamente afectado por la temporalidad, la rotación constante y los contratos a tiempo parcial no deseados, lo que genera una dependencia estructural de las prestaciones públicas y dificulta la estabilidad económica de miles de familias.

Los economistas alertan de que el sistema de protección por desempleo podría enfrentar serios desafíos si estas cifras se consolidan en los próximos trimestres.

Aunque el gasto se encuentra todavía dentro de lo presupuestado para este año, su crecimiento a un ritmo tan acelerado ha encendido las alarmas tanto en el Gobierno como en los organismos europeos, que vigilan de cerca la evolución de las finanzas públicas en el marco de los compromisos adquiridos con los fondos Next Generation de la Unión Europea.

A esto se suma un factor de gran relevancia: la transición digital y ecológica del mercado laboral, que avanza más despacio de lo esperado.

Programas destinados a la formación en nuevas competencias, como los relacionados con la digitalización o el empleo verde, no están logrando absorber a los desempleados de larga duración ni a los colectivos más vulnerables.

Muchos trabajadores que acceden a prestaciones no logran reincorporarse al mercado con facilidad debido a la falta de oportunidades acordes a sus perfiles o a la carencia de planes de reinserción verdaderamente efectivos.

Otro aspecto que agrava la situación es la evolución desigual del desempleo entre comunidades autónomas.

Regiones como Andalucía, Canarias y Extremadura presentan tasas de paro muy superiores a la media nacional, y concentran una parte significativa del gasto en prestaciones.

En estos territorios, la estacionalidad del empleo y la fuerte dependencia del turismo o la agricultura siguen marcando el acceso y permanencia en el trabajo.

Por otro lado, los sindicatos han mostrado preocupación por la falta de previsión en políticas activas de empleo. Consideran que los recursos destinados a acompañar a los desempleados en su reinserción no son suficientes ni están adecuadamente gestionados.

En particular, denuncian que las oficinas del SEPE siguen saturadas, con demoras en la tramitación de ayudas y falta de personal para la orientación laboral.

Reclaman una modernización urgente del sistema que no solo garantice el derecho a la prestación, sino también una ruta realista hacia la reincorporación laboral.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que esta subida del gasto no debe interpretarse como una señal de alarma, sino como una consecuencia lógica de las mejoras en los derechos laborales aprobadas en los últimos años.

Desde el Ministerio de Trabajo se destaca que hoy se cotiza más y mejor, y que eso permite que los trabajadores perciban prestaciones más justas.

En palabras de fuentes oficiales, “estamos pagando más, porque por fin se está protegiendo mejor”. Aun así, reconocen que el desafío a largo plazo será equilibrar este esfuerzo con políticas que reduzcan de forma efectiva el desempleo.

En este contexto, se espera que en los próximos meses el Ejecutivo impulse nuevas medidas centradas en la activación del empleo juvenil, el refuerzo de la formación profesional y la dinamización de sectores estratégicos como las energías renovables, la industria tecnológica o el cuidado de personas mayores.

Todo ello, con el objetivo de contener el gasto en prestaciones y lograr un modelo laboral más estable y resiliente.

En definitiva, el récord en el gasto por desempleo no es solo una cifra aislada: es el reflejo de una serie de tensiones que llevan tiempo acumulándose en el mercado laboral español.

Aunque el país ha logrado avances en materia de derechos laborales y salarios mínimos, el reto ahora es lograr que esos avances se traduzcan en empleos estables, oportunidades reales de inserción y un sistema de protección que no se vea sobrecargado. De lo contrario, este récord podría ser solo el primero de muchos más.