Está en el aire la posibilidad de que jueces conservadores realicen algún gesto para protestar por la participación de Álvaro García Ortiz en el acto solemne presidido por el rey

El Palacio de la Zarzuela se convirtió este viernes 5 de septiembre de 2025 en escenario de una de las aperturas judiciales más controvertidas de la historia reciente de España.

El rey Felipe VI presidió la ceremonia de inicio del nuevo año judicial, acompañado de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, la presencia de García Ortiz, a las puertas de sentarse en el banquillo por su implicación en el caso de las filtraciones relacionadas con la investigación fiscal sobre Alberto González Amador, generó un cisma sin precedentes dentro del ámbito judicial.

Desde primera hora, la tensión se palpaba. Un sector de jueces conservadores había pedido explícitamente que el fiscal general no asistiera al

acto y que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no ocupara un lugar en el estrado junto al monarca.

En un escrito enviado a la presidenta del CGPJ, los diez vocales conservadores solicitaron “trasladar al fiscal la inconveniencia de intervenir

en el acto en las actuales circunstancias”, argumentando que su presencia podría “minar la credibilidad de la justicia y afectar a todos los jueces, magistrados y fiscales que desempeñamos nuestra función con independencia y respeto a la legalidad”.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) apoyaron esta posición.

En un comunicado conjunto señalaron: “Sentar junto al rey y ante el poder judicial a una persona contra la que se ha acordado un procedimiento abreviado es un acto insólito que constituye un desprecio al Estado de derecho”.

La polémica llegó incluso a recordar la importancia de preservar la independencia judicial frente a cualquier presión externa.

Por otro lado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se desmarcó de las posturas críticas y defendió la legalidad de la asistencia de García Ortiz

: “Conforme a la ley vigente, el fiscal general sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente sus facultades, incluida la intervención en este acto solemne.

No hay resolución que implique su cese o inhabilitación”, afirmó su portavoz, Sergio Oliva. Añadió que, aunque se comprende la preocupación ciudadana, la presencia del fiscal es “absolutamente legítima y conforme a derecho”.

En medio de la controversia, Álvaro García Ortiz defendió públicamente su permanencia y derecho a asistir: “No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general.

Mi permanencia en el cargo es absolutamente normal y estoy obligado a presentar la memoria de la Fiscalía en este acto”. Su declaración buscó transmitir calma y reafirmar la legalidad de su intervención ante jueces, magistrados y medios de comunicación.

El acto también estuvo marcado por la ausencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien optó por asistir al inicio del curso político del PP en Madrid en lugar de acudir al Tribunal Supremo.

Feijóo justificó su decisión en un tuit: “Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga.

Someter al Rey a presenciar este choque institucional es un error que no avalaré con mi presencia”.

En respuesta, el ministro Félix Bolaños criticó duramente a Feijóo por lo que calificó como una “grave desconsideración al Rey, al TS, al FGE, al CGPJ y a la carrera judicial y fiscal en su conjunto”.

Asimismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, añadió: “Si cree que puede presidir el Gobierno con este comportamiento tan carente de institucionalidad, me parece preocupante”, resaltando la dimensión política de la polémica.

Durante la ceremonia, Isabel Perelló defendió la legalidad del acto y recordó que el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente la obligación de asistencia del fiscal general.

“La confianza en los pilares del Estado democrático se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia”, aseguró ante los presentes, intentando calmar los ánimos.

Este conflicto no solo evidenció la división dentro del CGPJ, sino también la polarización política entre Ejecutivo y oposición.

Mientras los vocales conservadores llamaban a visibilizar su rechazo a los ataques del Gobierno a la carrera judicial y fiscal,

los progresistas defendían la lealtad constitucional y la obligatoriedad de la presencia de García Ortiz en el acto, buscando preservar la institucionalidad y el protocolo legal vigente.

La jornada histórica se realizó en un ambiente tenso y con gran expectación mediática.

Las asociaciones de jueces y fiscales habían convocado previamente jornadas de huelga en protesta por las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, con un seguimiento del 75% hasta mediodía, según datos oficiales.

Todo esto subrayó la gravedad de la apertura del año judicial de 2025, marcada por el choque institucional y político más importante de los últimos años, dejando a España expectante sobre las repercusiones que podrían derivarse de este enfrentamiento sin precedentes.