Mazón enfrenta una ola de críticas y llamados a dimisión tras su gestión de la tragedia en Valencia, mientras crecen las dudas sobre su versión de los hechos.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, se encuentra en el centro de la polémica tras su controvertida gestión de la catástrofe causada por la devastadora Dana, que dejó 224 muertos y tres desaparecidos en Valencia.

En medio de acusaciones de encubrimiento, cambios en su versión de los hechos y presión pública para que dimita, Mazón ha defendido su actuación con firmeza, asegurando que no mintió y que estuvo en contacto permanente con los equipos de emergencia.

El escándalo se intensificó tras revelarse que Mazón llegó al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) después de que se enviara la alerta oficial por el peligro inminente.

La oposición y diversos sectores de la sociedad le acusan de no haber actuado con la rapidez y diligencia necesarias, lo que podría haber costado vidas.

A pesar de las críticas, el presidente autonómico ha rechazado cualquier posibilidad de dimisión, señalando que los verdaderos responsables son aquellos que no alertaron sobre el desbordamiento del barranco de Poyo, una de las zonas más afectadas por la riada mortal.

La tensión se hizo evidente cuando Mazón asistió a un evento sobre educación en el Palau de Les Arts, donde fue recibido con abucheos y gritos de “¡Dimisión!”.

La hostilidad del público fue tal que varios asistentes abandonaron la sala en señal de protesta, mientras que los que se quedaron continuaron mostrando su rechazo al presidente de la Generalitat.

En dos ocasiones, Mazón intentó calmar a los manifestantes pidiendo respeto, sin embargo, las interrupciones fueron constantes hasta el final de su intervención.

Tras su discurso, el abucheo volvió a resonar en la sala y el presidente tuvo que salir por una puerta secundaria para evitar a la prensa.

Las críticas no provienen solo de la ciudadanía. Compromís y el PSOE han acusado a Mazón de cambiar su versión de los hechos en múltiples ocasiones, generando dudas sobre su verdadero papel durante la crisis.

Inicialmente, el presidente aseguró que había llegado a Cecopi antes de la alerta, pero posteriormente reconoció que fue después, lo que ha alimentado las sospechas de que intentó ocultar información clave sobre su gestión.

Por su parte, Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior en el momento del desastre, ha defendido su actuación afirmando que “hizo lo que los técnicos le indicaron” y que “nadie esperaba la magnitud de la tragedia”.

Pradas ha asegurado que hubo avisos meteorológicos sobre una ola de frío, pero no una alerta específica de inundaciones catastróficas.

Estas declaraciones han sido cuestionadas, ya que los registros muestran que existieron alertas previas sobre lluvias extremas en la región.

La indignación ha alcanzado niveles sin precedentes, con la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, afirmando que Mazón ha pasado de una defensa política a una defensa judicial, insinuando que las responsabilidades podrían trascender el ámbito político y derivar en consecuencias legales.

Bernabé ha exigido que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervenga para evitar que la crisis siga desgastando al gobierno autonómico.

Mientras tanto, el clima de desconfianza sigue creciendo. La Generalitat Valenciana ha sido acusada de reescribir la historia sobre lo sucedido el 29 de octubre, día en que la Dana golpeó con más fuerza.

La oposición denuncia que Mazón y su equipo están intentando minimizar su papel en la crisis y desviar responsabilidades, mientras que las víctimas y sus familias exigen respuestas y justicia.

A medida que avanza la controversia, la pregunta sigue en el aire: ¿Podrá Mazón resistir la creciente presión política y social, o acabará cediendo ante las exigencias de dimisión?

Lo cierto es que este escándalo ha sacudido los cimientos del gobierno valenciano y, independientemente del desenlace, ha dejado una marca imborrable en la gestión de crisis en España.

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