Miles de funcionarios de prisiones se manifestaron en Madrid exigiendo la dimisión inmediata de Fernando Grande-Marlaska ante el aumento de agresiones en las cárceles.

Hoy, las calles de Madrid se convirtieron en el epicentro de la indignación de miles de funcionarios de prisiones que, cansados de la inseguridad y la falta de medidas eficaces, se concentraron frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión inmediata de Fernando Grande-Marlaska.

La protesta, que partió desde las cercanías de la sede del Partido Socialista en Ferraz, avanzó de manera organizada hacia el Congreso de los Diputados, donde los manifestantes hicieron sonar sus voces con gritos de “¡Marlaska escucha! ¡Prisiones en la lucha!” y “¡Sinvergüenza, vete ya!”.

La manifestación, cargada de emoción, reflejó no solo el hartazgo acumulado, sino también la preocupación por la seguridad en los centros penitenciarios del país.

La raíz de esta movilización se encuentra en el alarmante aumento de agresiones a los trabajadores penitenciarios.

Los sindicatos han denunciado que la reciente orden de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que limita la aplicación del primer grado solo a los presos más peligrosos, ha derivado en un incremento de riesgos para los funcionarios.

Según cifras recopiladas por diversos sindicatos, en los últimos dos años se han registrado más de 1.000 agresiones dentro de las cárceles españolas.

Entre los casos más graves, se incluyen intentos de violación a psicólogas y trabajadoras penitenciarias, palizas que han provocado fracturas y ataques sexuales por parte de internos reincidentes que permanecen en módulos ordinarios pese a su historial delictivo.

“Nos agreden, abusan de nuestras compañeras, han asesinado a una trabajadora”, relataron algunos manifestantes, visiblemente afectados por la gravedad de los hechos.

Manuel Galisteo, presidente del sindicato convocante, pronunció un discurso lleno de indignación y firmeza: “El ministro Grande-Marlaska ha fracasado en su obligación de proteger a los trabajadores penitenciarios.

Si no puede o no quiere asumir esta responsabilidad, debe dimitir de inmediato. No podemos seguir arriesgando nuestras vidas”.

Sus palabras resonaron entre la multitud, que respondía con aplausos y consignas, generando un ambiente de solidaridad y unidad entre los presentes.

Entre los asistentes se encontraba José Antonio Ortega Lara, exfuncionario y víctima del secuestro de ETA durante 532 días, quien se sumó a la marcha como símbolo de resistencia y apoyo al colectivo.

Ortega Lara aseguró que la seguridad de los funcionarios debe ser una prioridad absoluta y alertó sobre las consecuencias de la inacción del Gobierno:

“No podemos permitir que los trabajadores que custodian nuestras prisiones se vean desprotegidos ante la violencia de internos peligrosos”. Su intervención fue recibida con vítores y aplausos de quienes compartían su preocupación.

Los datos oficiales y los testimonios de los propios funcionarios ilustran la magnitud del problema.

En centros como la prisión de Sevilla II, en Morón de la Frontera, se han registrado incidentes graves que incluyen intentos de violación, agresiones físicas severas y conductas obscenas de presos reincidentes.

Según explicaron los manifestantes, la permanencia de estos internos en módulos ordinarios se debe a decisiones administrativas que priorizan la burocracia sobre la seguridad.

La protesta también destacó la necesidad urgente de equiparar la condición profesional de los funcionarios penitenciarios con la de agentes de la autoridad y reconocer su labor como profesión de riesgo, algo que lleva bloqueado en el Congreso por más de dos décadas.

Además de la seguridad, los manifestantes demandaron mejoras en las condiciones laborales y salariales.

Reclamaron la equiparación salarial con sus colegas de Cataluña y el País Vasco, quienes reciben compensaciones más altas, y exigieron políticas concretas para proteger a los trabajadores de agresiones físicas y psicológicas.

“El Gobierno debe entender que no estamos pidiendo privilegios, sino seguridad y justicia para quienes día a día ponen su vida en riesgo para mantener el orden en las cárceles”, enfatizó Galisteo.

El recorrido de la manifestación incluyó pasos frente a sedes de partidos políticos, y los cánticos de los manifestantes fueron una constante: “¡Marlaska dimisión!”, “¡Basta de agresiones!” y “¡Seguridad para los funcionarios ya!”.

La movilización puso de relieve no solo la indignación del sector penitenciario, sino también la preocupación de la sociedad civil por un tema que afecta directamente al orden público y la seguridad ciudadana.

Al finalizar la protesta, los líderes sindicales anunciaron que continuarán con nuevas acciones hasta que se implementen medidas efectivas que garanticen la protección de los funcionarios.

La presión social y mediática apunta a forzar la adopción de reformas inmediatas, mientras los trabajadores penitenciarios aseguran que no cesarán en su lucha hasta obtener respuestas claras del Ministerio del Interior.

En conclusión, la manifestación de hoy en Madrid evidencia el colapso de la gestión penitenciaria actual y la profunda frustración de los funcionarios ante la falta de protección y reconocimiento de su labor.

La tensión entre los trabajadores y el Gobierno de Marlaska continúa escalando, y la opinión pública observa con atención cómo se desarrollará este conflicto que pone en jaque la seguridad de las prisiones y la credibilidad de las instituciones.

La indignación se siente en cada calle, en cada grito, y la lucha por la dignidad laboral de los funcionarios penitenciarios se ha convertido en un clamor nacional que exige respuestas inmediatas.