Señalan a una alcaldesa de Ayuso por usar a policías locales como "escolta  personal" en Semana

La Semana Santa en la Comunidad de Madrid dejó este año algo más que fervor religioso y calles abarrotadas: dejó una imagen bochornosa que ha indignado a miles de ciudadanos.

Una alcaldesa vinculada políticamente a Isabel Díaz Ayuso fue captada utilizando a miembros de la policía municipal como escoltas personales durante los actos religiosos.

No se trataba de proteger a toda la ciudadanía ni de prevenir disturbios: se trataba de pasearse con escolta VIP entre la multitud, como si la alcaldesa fuera una figura de Estado o una estrella de rock en pleno concierto.

La escena levantó una ola de indignación que, lejos de apagarse, sigue creciendo día tras día.

Según las primeras informaciones, dos agentes municipales fueron asignados expresamente para acompañar a la alcaldesa durante las procesiones de Semana Santa, en una ciudad gobernada por el Partido Popular.

La justificación oficial fue, como suele ser habitual, “motivos de seguridad”.

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Sin embargo, muchos vecinos señalan que la presencia de la alcaldesa en los actos religiosos no supuso ningún riesgo excepcional que justificara tal despliegue.

En realidad, el gesto parecía más una demostración de poder que una medida de protección.

Mientras los ciudadanos caminaban humildemente entre la muchedumbre, la alcaldesa se abría paso flanqueada por policías, blindando su imagen de autoridad a toda costa.

La cuestión de fondo no es simplemente el uso puntual de recursos públicos para un evento religioso.

Es la normalización de una cultura política que convierte lo público en propiedad privada.

En una región donde los hospitales públicos sufren listas de espera interminables, donde los colegios carecen de recursos básicos, donde el transporte público se deteriora a pasos agigantados, ver a los servidores públicos actuar como escoltas de políticos es una afrenta directa a los ciudadanos.

Cada agente que escolta a un cargo político es un agente menos al servicio real del pueblo.

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Cada minuto que dedican a cuidar egos es un minuto que podrían dedicar a proteger derechos.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, este episodio ilustra una tendencia peligrosa: la creación de una nueva aristocracia política.

Bajo el paraguas del “protocolo” o la “seguridad”, muchos cargos públicos se conceden privilegios que los distancian cada vez más de la realidad de la gente común.

La alcaldesa en cuestión no solo desfiló escoltada como si fuera indispensable protegerla de sus propios votantes, sino que lo hizo en un acto simbólico de la tradición popular, donde la cercanía entre representantes y ciudadanos debería ser la norma, no la excepción.

Este tipo de abusos, además de ilegítimos, son profundamente inmorales en una sociedad democrática.

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La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar.

Redes sociales, medios de comunicación y hasta conversaciones de barrio se llenaron de indignación y de ironías.

No faltaron las bromas sobre futuras exigencias de la alcaldesa: patrullas para escoltar su carrito de la compra en el supermercado, agentes para protegerla de la temible sección de lácteos del Mercadona, o escoltas para mantener la distancia de seguridad en los pasillos de su Ayuntamiento.

La sátira se convirtió en el refugio frente a la rabia, pero también en una poderosa herramienta para denunciar un modelo político cada vez más desconectado de las prioridades reales de los ciudadanos.

Mientras algunos cargos públicos convierten a los policías en sus sirvientes personales, la mayoría de la población se enfrenta cada día a la precariedad de los servicios esenciales.

Mientras la alcaldesa desfilaba blindada entre palmas y cirios, las colas en los hospitales públicos madrileños seguían creciendo, los profesores interinos seguían reclamando condiciones laborales dignas y el transporte seguía deteriorándose sin remedio.

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Esta es la verdadera procesión que muchos madrileños viven a diario, y frente a ella, la imagen de una autoridad protegida por policías solo provoca indignación, vergüenza ajena y una profunda sensación de injusticia.

El abuso de poder no necesita grandes escándalos para evidenciarse: basta con gestos como este para retratar una forma de entender la política basada en el privilegio y la soberbia.

Lo más grave no es que una alcaldesa use escoltas para sentirse importante, sino que esa práctica se haya vuelto tan habitual que ni siquiera sorprenda.

La utilización de la policía municipal como escolta privada revela un desprecio total por el concepto de servicio público.

Revela también una visión elitista del poder: mientras el pueblo sufre, ellos se protegen de ese mismo pueblo al que dicen representar.

En lugar de caminar junto a los ciudadanos, prefieren desfilar entre ellos, rodeados de un muro invisible de poder y arrogancia.