⚠️ “Yo confiaba en él”: Moreno Bonilla confiesa su vínculo con Montoro en pleno escándalo que podría dinamitar su gobierno 💥📉

El tablero político andaluz se ha sacudido con una fuerza inusitada.

La reapertura judicial del conocido caso Montoro —una investigación que apunta a posibles tramas de financiación irregular vinculadas al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro— ha pasado de ser un eco

lejano en los juzgados a un terremoto político que pone en jaque al mismísimo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

La razón: una confesión pública que, en otro momento, habría pasado inadvertida, pero que ahora se convierte en dinamita.

En medio del torbellino mediático, Moreno Bonilla admitió lo que muchos intuían pero nadie había confirmado con tanta claridad: “Montoro era un amigo, un referente político.

” Esa frase, aparentemente inocua, ahora pesa como una losa.

Porque el pasado ha vuelto y, con él, un rastro de decisiones administrativas, contratos públicos y relaciones personales que podrían convertirse en el esqueleto de un posible caso de connivencia política e

intereses privados.

El PSOE andaluz, liderado por figuras como Mario Jiménez y María Márquez, ha cogido esa frase y la ha clavado como una estaca en el corazón del relato oficial del PP.

Para ellos, no se trata de una mera amistad, sino de un vínculo estructural que explica demasiadas cosas: desde nombramientos clave como el de Alberto García Valera —excolaborador de Montoro e imputado en

la causa— hasta decisiones de calado económico y social que benefician directamente a sectores cercanos a la trama.

Uno de los ejemplos más alarmantes: la aprobación de un decreto que permite la instalación de casas de apuestas a menos de 150 metros de centros educativos.

Pese a las advertencias de expertos en adicciones, organizaciones sociales y asociaciones de padres, el gobierno de Moreno Bonilla siguió adelante, abriendo la puerta a que el sector del juego se expanda sin control

por zonas sensibles.

Lo inquietante es que algunas de las empresas beneficiadas por esta norma aparecen vinculadas a la red de contactos de Montoro, un hecho que, de confirmarse, pondría en cuestión la ética —y quizá la legalidad—

de ciertas decisiones de la Junta.

Pero ahí no acaba todo.

El PSOE también ha apuntado hacia un patrón fiscal que replica las políticas de Montoro a nivel autonómico: beneficios para grandes empresas, bajadas de impuestos para las rentas altas, trato de favor a

energéticas… mientras se recortan recursos a programas de salud pública como el plan andaluz contra la ludopatía.

Una ecuación que, sumada, ofrece un mensaje demoledor: el gobierno de Moreno Bonilla estaría reproduciendo, en clave andaluza, la misma estructura de intereses que hoy está siendo investigada a nivel estatal.

Y si a eso se añade el caso de García Valera —que tras salir del gobierno andaluz pasó a trabajar para una empresa a la que la Junta había adjudicado contratos— el mapa comienza a dibujar una figura incómoda:

las puertas giratorias, ese fenómeno donde lo legal y lo ético muchas veces se confunden.

Moreno Bonilla ha optado por el silencio o las respuestas medidas.

Niega irregularidades, minimiza la polémica y repite que las acusaciones son “pura política”.

Pero en este caso, la política tiene cara, nombre y memoria.

El PSOE no está dejando que el tema se disuelva.

Ha iniciado un proceso formal en el Parlamento Andaluz para exigir documentos, contratos y comparecencias.

Quieren saber qué empresas se han beneficiado, quién las autorizó y si existió cualquier conexión con la trama Montoro.

La estrategia es clara: mantener el tema vivo, crear desgaste y forzar explicaciones incómodas.

Y en medio de todo, la confesión de Moreno Bonilla queda flotando como un recordatorio de que en política, las palabras importan.

En otro momento, reconocer que Montoro era un “amigo” habría sido una cortesía habitual.

Pero hoy, con una causa judicial abierta, con sospechas de corrupción salpicando al exministro y con excolaboradores suyos ocupando cargos clave en la Junta, esa confesión se convierte en un arma que puede

volverse en su contra.

Lo que más preocupa al equipo de Moreno Bonilla no es tanto la investigación judicial como el juicio político y mediático que ya se está instalando.

Porque en política, la percepción es una sentencia sin apelación.

Y cuando la imagen pública empieza a construirse con palabras como “trama”, “amigo personal”, “beneficios fiscales” y “casas de apuestas cerca de colegios”, el daño está hecho… aunque no haya delito probado.

Desde la izquierda, este caso se presenta como una oportunidad perfecta para abrir el debate sobre para quién se gobierna en Andalucía.

¿Para todos los ciudadanos o para unos pocos con relaciones privilegiadas? La oposición ha olido sangre y no va a soltar la presa.

Y lo hace en un momento preelectoral, donde cada sombra cuenta, cada sospecha erosiona y cada titular puede decantar un voto.

El riesgo es claro: que este escándalo se convierta en un relato.

Uno de esos que no necesitan más pruebas porque se construyen con acumulación de indicios, contradicciones y silencios.

Y ese relato ya tiene un título que resuena con fuerza: la amistad que pudo costar una presidencia.

Moreno Bonilla intenta controlar la narrativa, pero el guion ya está escrito.

El caso Montoro ha dejado de ser un problema judicial del pasado para convertirse en una grieta que amenaza con crecer.

Y su confesión, esa frase que parecía una simple muestra de lealtad personal, puede ser la gota que desborde la confianza pública.

Porque en política, como en la vida, hay cosas que mejor no se dicen en voz alta.

Y esta vez, lo que Moreno Bonilla dijo puede marcar un antes y un después.