La Guardia Civil denuncia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por abandono de funciones durante los disturbios en Torre Pacheco mientras él asistía al torneo de Wimbledon, desatando una grave crisis política y judicial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra en el centro de una tormenta política tras la denuncia penal presentada en su contra por la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) ante el Tribunal Supremo.

La acusación, que se basa en presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, señala a Marlaska por prevaricación por omisión y abandono de destino durante los graves disturbios que sacudieron Torre Pacheco, Murcia.

Los hechos se remontan a un fin de semana caótico en el que la violencia estalló en las calles de esta localidad, generando un clima de inseguridad y descontrol.

Mientras los enfrentamientos entre grupos de vecinos y ultras se intensificaban, el ministro Marlaska se encontraba a miles de kilómetros, disfrutando del prestigioso torneo de tenis de Wimbledon.

Este contraste ha sido objeto de críticas feroces, ya que muchos consideran que su ausencia fue una falta de respeto hacia los ciudadanos y los agentes de seguridad que arriesgaban sus vidas para mantener el orden.

La denuncia presentada por JUCIL detalla cómo, a pesar de que los disturbios comenzaron el viernes, el Estado, bajo la responsabilidad directa de Marlaska, no tomó medidas adecuadas para enviar refuerzos.

Según la acusación, las unidades especializadas de la Guardia Civil, conocidas como GRS, estaban listas para intervenir, pero no fueron despachadas hasta el lunes, cuando la situación ya era insostenible.

Durante este tiempo, solo las Unidades de Seguridad Ciudadana de Murcia y Cartagena se desplazaron para intentar controlar el caos, a pesar de carecer de los recursos necesarios para hacer frente a la violencia desatada.

La situación se agravó con cada hora que pasaba, y la falta de acción del ministro ha llevado a muchos a cuestionar su capacidad para liderar el Ministerio del Interior.

JUCIL ha calificado la decisión de no enviar refuerzos como “puramente política”, sugiriendo que la inacción de Marlaska podría haber estado motivada por consideraciones que nada tienen que ver con la seguridad pública.

Los agentes en el terreno se vieron obligados a improvisar, enfrentándose a un entorno hostil sin el apoyo adecuado, mientras el ministro disfrutaba de un evento deportivo en el Reino Unido.

La irresponsabilidad de Marlaska ha sido condenada no solo por la Guardia Civil, sino también por diversos líderes políticos.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de VOX, han expresado su indignación, subrayando que la seguridad de los ciudadanos debe ser la prioridad de cualquier gobierno.

Abascal, en particular, ha declarado que “la falta de acción del ministro es un ejemplo claro de su incapacidad para liderar en momentos de crisis”.

La denuncia ha abierto un debate sobre la gestión del Ministerio del Interior y la responsabilidad de los altos funcionarios en situaciones de emergencia.

Muchos se preguntan cómo es posible que un ministro pueda desentenderse de su deber en momentos críticos, y qué medidas se tomarán para garantizar que esto no vuelva a ocurrir.

La gravedad de los disturbios de Torre Pacheco, que resultaron en heridos y daños materiales, pone de relieve la necesidad de una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de crisis.

El Tribunal Supremo ahora tiene la tarea de investigar cómo se tomaron las decisiones en torno a la gestión de los disturbios y quiénes fueron los responsables de bloquear el envío de refuerzos.

La presión sobre Marlaska aumenta a medida que se revelan más detalles sobre su inacción y la falta de apoyo a los agentes en el terreno.

La situación se complica aún más por el hecho de que este no es el primer escándalo que rodea al ministro, quien ha sido objeto de críticas por su gestión en diversas ocasiones.

Mientras tanto, la controversia se extiende a las redes sociales, donde los ciudadanos expresan su frustración y descontento con la situación.

La indignación es palpable, y muchos piden la dimisión de Marlaska, acusándolo de ser un “ministro incapaz” más preocupado por su imagen pública que por la seguridad de los españoles.

Con la mirada del país puesta en el Tribunal Supremo, la pregunta que todos se hacen es: ¿Qué consecuencias tendrá esta denuncia para Marlaska y su futuro en el gobierno?

La respuesta podría marcar un antes y un después en la política española y en la confianza de los ciudadanos en sus líderes.