Durante la inauguración de la nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza, Fernando Grande-Marlaska fue abucheado por policías y guardias civiles que lo acusaron de traidor y denunciaron años de promesas incumplidas.
Fernando Grande-Marlaska, el actual ministro del Interior de España, se encuentra en el centro de una tormenta de críticas tras ser abucheado en la inauguración de la nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza.
Este evento, que tuvo lugar el pasado viernes por la mañana, se convirtió en un escenario de descontento palpable, donde tanto guardias civiles como policías nacionales expresaron su frustración al grito de “¡Fuera, traidor!”.
Esta manifestación de descontento es el resultado de años de desatención y promesas incumplidas por parte del ministro hacia sus subordinados.
Durante la ceremonia, que se esperaba fuera un acto de celebración, el ambiente se tornó tenso cuando los agentes comenzaron a gritar en contra de Marlaska. Este rechazo no es un hecho aislado; refleja un malestar acumulado que ha ido creciendo en los últimos meses.
En particular, los sindicatos policiales han denunciado la falta de apoyo y la desconexión del ministro con las realidades que enfrentan diariamente en sus labores de seguridad.
La situación ha llegado a un punto crítico, y muchos consideran que el ministro no ha hecho lo suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como la de los propios agentes.
El sindicato Jucil, que representa a los guardias civiles, resumió la situación en un mensaje contundente en su cuenta de X.
En este mensaje, se afirmaba que a Marlaska le molestaba más la presencia de los agentes en la inauguración que los actos violentos que se habían registrado recientemente durante la Vuelta Ciclista a España.
Los agentes, en su protesta, no solo pedían justicia y equiparación salarial, sino también un respeto a sus derechos, algo que sienten que ha sido ignorado sistemáticamente por el gobierno.
La protesta en Zaragoza no fue un hecho aislado, ya que hace solo una semana, el sindicato JUPOL también exigió la dimisión de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, así como de Marlaska y del delegado del gobierno en Madrid.
Esto fue en respuesta a lo que ellos calificaron como un “desastre operativo” durante la Vuelta Ciclista a España, un evento que resultó en 22 agentes heridos.
Los sindicatos policiales argumentan que el operativo no falló por la falta de profesionalismo de los agentes, sino por las órdenes políticas que buscaban minimizar las tensiones en torno a las protestas pro Palestina que se estaban llevando a cabo en el mismo periodo.
JUPOL lamentó que no se hubiera realizado un trabajo preventivo adecuado, que incluyera medidas de “embolsamiento y expulsión” de elementos violentos que pudieran haber causado problemas durante la carrera.
La denuncia de los sindicatos subraya que la estrategia del gobierno se centró más en no incomodar a ciertos grupos radicales que en garantizar la seguridad de ciclistas, ciudadanos y policías.
En este contexto, las palabras de Marlaska, quien defendió el dispositivo de seguridad como “absolutamente suficiente” y lo comparó con la Cumbre de la OTAN de 2022, no hicieron más que intensificar el descontento.
Los sindicatos han sido claros en su mensaje: consideran que tanto Sánchez como Marlaska han priorizado el “oxígeno político” para las protestas en lugar de salvaguardar la seguridad pública.
Este enfoque ha llevado a una creciente frustración entre los agentes, quienes sienten que sus preocupaciones no son escuchadas. A medida que la tensión crecía, la figura de Marlaska se ha visto cada vez más desprestigiada.
Durante los siete años de su mandato, ha acumulado un historial de desprecio hacia los cuerpos de seguridad, promesas incumplidas y humillaciones que han erosionado la confianza de los agentes en su liderazgo.
El evento en Zaragoza se convirtió en un símbolo de esta ruptura entre el ministro y los cuerpos de seguridad.
Los gritos de “¡Fuera, traidor!” resonaron no solo como una expresión de descontento, sino como un llamado a la acción para un cambio necesario en la gestión de la seguridad en España.
La imagen de Marlaska, un político que ha perdido el respeto de aquellos que diariamente protegen a los ciudadanos, se ha vuelto clara: es un ministro repudiado por sus subordinados, señalado públicamente como un traidor por muchos.
Esta situación plantea preguntas críticas sobre el futuro de la seguridad en España y la relación entre el gobierno y las fuerzas del orden.
La falta de respuesta efectiva a las demandas de los agentes podría tener repercusiones significativas en la moral y la eficacia de los cuerpos de seguridad, así como en la percepción pública de su capacidad para mantener el orden y proteger a los ciudadanos.
A medida que la situación se desarrolla, es evidente que la presión sobre Marlaska y el gobierno de Sánchez está en aumento.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el ministro podrá recuperar la confianza de sus subordinados o si, por el contrario, esta crisis de liderazgo se profundizará aún más.
La necesidad de un cambio en la política de seguridad y en la relación entre el gobierno y las fuerzas de seguridad es más urgente que nunca, y la voz de los agentes no puede ser ignorada.
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