Las cerca de 350.000 hectáreas arrasadas en Galicia, Castilla y León y Extremadura ponen en jaque el modo de vida de sus habitantes

Desde mediados de agosto de 2025, España enfrenta una ola de incendios sin precedentes que ha convertido a este año en el más devastador en superficie quemada de las últimas décadas.

Galicia y Castilla y León, junto con Extremadura, se encuentran entre las regiones más afectadas, con aproximadamente 350.000 hectáreas arrasadas, incluyendo bosques centenarios, terrenos agrícolas y pueblos enteros.

La magnitud del desastre ha obligado a evacuar a miles de personas que han perdido no solo sus hogares, sino también sus negocios y medios de subsistencia.

En Galicia, el incendio iniciado en Porto de Sanabria ha avanzado hacia Pena Trevinca, el bosque más antiguo de la comunidad, mientras que en Castilla y León provincias como Salamanca y Cáceres presentan paisajes desolados.

A pesar de que no se han reportado víctimas mortales en estas zonas, la economía local ha sufrido un golpe crítico.

Jesús del Río, secretario de Asetur, describe la situación con preocupación: “Toda la economía de los pueblos, todo el dinero que se ganaba para el mantenimiento del pueblo, ya no lo van a tener.

Esto no es solo un daño material, es la supervivencia de familias enteras lo que está en juego”.

El turismo rural, la agricultura y la ganadería, pilares fundamentales de estas comunidades, están siendo gravemente afectados. Propietarios de hoteles, casas rurales y pequeños negocios turísticos informan de cancelaciones masivas.

“El cliente está cancelando por miedo a lo que se pueda encontrar o por la calidad del aire”, añade Del Río, señalando que la temporada alta, tradicionalmente la principal fuente de ingresos del año, coincide con la propagación de los incendios, agravando la crisis económica de manera dramática.

La Ribeira Sacra, una de las zonas turísticas más emblemáticas de Galicia por sus viñedos y paisajes, ya registra un 30% de cancelaciones, aunque los incendios no hayan afectado directamente al área.

Empresas de catamaranes que recorren el río Sil reportan devoluciones de pasajes, especialmente de turistas nacionales preocupados por la cercanía del fuego.

La suspensión temporal del AVE con Madrid ha añadido otra barrera al turismo, complicando la llegada de visitantes y aumentando la incertidumbre económica de los negocios locales.

El Camino de Santiago, motor turístico crucial para Galicia, también ha sufrido las consecuencias. Tramos entre Astorga y Ponferrada han sido cerrados, y localidades como A Gudiña han visto el fuego rodear municipios enteros.

Víctor Martínez, propietario del hotel Bruma II, relata: “Muchos peregrinos han cancelado sus estancias al ver la situación: humo, sin luz, sin internet… esto casi parece zona de guerra”.

La actividad de cazadores y pescadores, otra fuente importante de ingresos rurales, se verá limitada durante años, poniendo en riesgo la continuidad de negocios que dependen de estas actividades.

El impacto ambiental es igualmente devastador. Espacios naturales emblemáticos como Las Médulas en León y el Teixadal de Casaio en Galicia han sido arrasados.

Del Río expresa con dolor la pérdida de árboles centenarios: “Van a ser mis nietos los que posiblemente puedan ver Las Médulas recuperadas, ya no mis hijos”.

La destrucción del Teixadal amenaza la biodiversidad y pone en riesgo especies milenarias dentro de un área protegida de casi 25.000 hectáreas, incluyendo lagunas glaciares y bosques de tejos únicos en Europa.

Además de los daños directos, la crisis ha generado tensiones y debates en las comunidades locales.

En una reunión celebrada en Monforte de Lemos el 18 de agosto, alcaldes y propietarios de negocios rurales discutieron medidas urgentes para mitigar el impacto económico: “Necesitamos ayuda inmediata, no podemos esperar a que el gobierno actúe dentro de meses.

Cada día que pasa sin turistas es un día que nuestros pueblos dejan de existir económicamente”, declaró Carmen López, alcaldesa de una pequeña localidad afectada por el fuego.

La situación también ha motivado la intervención de organizaciones medioambientales y equipos de emergencia.

Más de 1.200 bomberos, apoyados por aviones y helicópteros, trabajan sin descanso para contener las llamas en Galicia y Castilla y León, enfrentando condiciones extremas de viento y altas temperaturas que dificultan cualquier avance.

Mientras tanto, voluntarios locales se han sumado para proteger viviendas, carreteras y granjas, demostrando la resiliencia de las comunidades afectadas.

En resumen, los incendios de agosto de 2025 han generado un efecto devastador sobre la economía rural de Galicia y Castilla y León, afectando turismo, agricultura, ganadería y ecosistemas protegidos.

Lo que antes era un motor de desarrollo económico y cultural se enfrenta ahora a un horizonte incierto, y los habitantes contemplan un futuro complicado.

Las pérdidas materiales y simbólicas marcan un antes y un después en la historia reciente de estas regiones, con repercusiones que se sentirán durante años, mientras España observa con preocupación cómo las llamas transforman su paisaje y amenazan la supervivencia de sus comunidades rurales.

El 21 de agosto, mientras el fuego continúa activo en varios frentes, la urgencia de soluciones inmediatas y apoyo económico se vuelve cada vez más crítica, y los testimonios de residentes, empresarios y autoridades reflejan un sentimiento generalizado de impotencia y preocupación por el futuro.

La devastación provocada por estos incendios no solo transforma el territorio, sino también la vida cotidiana de quienes habitan estas tierras, dejando un legado de pérdida difícil de superar y una necesidad urgente de reconstrucción y prevención para los próximos años.

Este año, Galicia y Castilla y León han visto cómo el turismo rural, antes motor de ingresos y orgullo cultural, se convierte en víctima de un desastre que combina fuego, miedo y cancelaciones, mientras los ecosistemas centenarios se enfrentan a un daño posiblemente irreversible.

La recuperación, advierten expertos y autoridades, será lenta y requerirá colaboración nacional e internacional, así como planes de restauración ambiental que podrían tardar décadas en mostrar resultados.