Decenas de localidades permanecen amenazadas, pero ministros y líderes autonómicos se intercambian críticas y reproches sobre responsabilidades y coordinación

El mes de agosto, tradicionalmente marcado por la calma política y el parón institucional, se ha transformado en un escenario de máxima tensión entre el Gobierno central y el Partido Popular a raíz de los devastadores incendios forestales que asolan distintas comunidades autónomas.

Con temperaturas extremas que superan los 40 grados en muchas provincias y con miles de hectáreas arrasadas por las llamas, el Ejecutivo ha decidido desplegar a varios de sus ministros para reforzar la presencia institucional en los territorios afectados y, al mismo tiempo,

responder a las duras críticas lanzadas desde la oposición, que acusa al Gobierno de falta de coordinación, lentitud en la respuesta y desatención hacia las comunidades más golpeadas.

Las primeras imágenes de este despliegue ministerial se vieron en Castilla y León y Galicia, dos de las regiones más castigadas por los fuegos en las últimas semanas.

Allí acudieron la vicepresidenta Teresa Ribera, responsable de Transición Ecológica, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes se reunieron con autoridades locales y equipos de emergencias para evaluar la magnitud de los daños.

Ribera declaró con gesto serio: “Estamos hablando de una tragedia que exige unidad y coordinación, no acusaciones irresponsables. Los incendios no entienden de colores políticos y lo que toca ahora es trabajar juntos”.

Sin embargo, estas palabras no fueron suficientes para calmar el enfrentamiento.

Desde la dirección nacional del Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo replicó con contundencia: “El Gobierno llega tarde y mal, improvisa sobre la marcha y abandona a comunidades enteras a su suerte. Se dedican más a la propaganda que a la prevención”.

El dirigente gallego, visiblemente molesto, insistió en que su partido lleva años reclamando mayores inversiones en planes forestales y dotación de medios aéreos para combatir los incendios, “pero siempre han sido ignorados por el Ejecutivo central”.

El choque político se amplificó con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que en un acto con simpatizantes no dudó en sumarse a las críticas:

“Lo que estamos viendo es un Gobierno más preocupado por sus vacaciones que por la gente que pierde sus casas, sus tierras y, en algunos casos, hasta la vida. No se puede reaccionar siempre con improvisación y después culpar a otros”.

Sus palabras fueron replicadas casi de inmediato por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien acusó al PP de “hacer política con la desgracia”

y recordó que el Ejecutivo había puesto en marcha un operativo con la Unidad Militar de Emergencias, medios aéreos del Ejército y brigadas forestales desplazadas desde varias comunidades. En medio de esta batalla dialéctica, las cifras resultan estremecedoras.

Según los últimos datos, más de 25.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas solo en las dos últimas semanas, y alrededor de 2.500 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares en pequeñas localidades rurales.

En Zamora, los vecinos de la Sierra de la Culebra volvían a revivir el miedo tras otro incendio de enormes dimensiones, y en Ourense, decenas de aldeas quedaron cercadas por el fuego mientras voluntarios y vecinos se organizaban con cubos y mangueras para evitar que las llamas alcanzaran sus casas.

Los testimonios de los afectados reflejan la angustia y la sensación de abandono. “Llevamos tres días sin dormir, tratando de salvar lo poco que nos queda.

Aquí apenas llegaron medios y hemos sido nosotros los que apagamos con nuestras manos”, relataba entre lágrimas un agricultor de Carballeda de Valdeorras, que veía cómo su viñedo, fruto de toda una vida de trabajo, quedaba reducido a cenizas.

Los incendios, lejos de ser un fenómeno aislado, se han convertido en un problema recurrente cada verano en España, agravado por el cambio climático.

Los expertos alertan de que la combinación de olas de calor extremas, sequías prolongadas y el abandono de zonas rurales favorece la propagación de los fuegos con una violencia nunca vista.

“Estamos ante una nueva realidad climática”, advertía un técnico del Centro de Coordinación de Emergencias, subrayando que el país debe replantear su modelo de prevención y gestión forestal.

En paralelo, la oposición acusa al Gobierno de utilizar a sus ministros como “bomberos políticos” enviados a apagar el fuego de la polémica antes que las llamas.

El Ejecutivo, por su parte, insiste en que se trata de una presencia necesaria para garantizar la coordinación y transmitir tranquilidad a la población afectada.

“Que nadie dude de que estamos donde hay que estar”, enfatizó Marlaska al visitar un centro de evacuados en Ourense, donde fue recibido con aplausos por algunos vecinos y reproches por otros.

La tensión también se trasladó al Congreso, donde en una sesión extraordinaria varios portavoces cruzaron acusaciones.

La diputada popular Cuca Gamarra señaló que “la improvisación y la falta de previsión matan tanto como el fuego”,

mientras que desde el PSOE se replicaba que “el PP no puede dar lecciones de gestión forestal cuando sus comunidades han sufrido recortes en prevención durante años”.

El debate sobre responsabilidades políticas se mezcla con el dolor humano de quienes lo han perdido todo y con la amenaza constante de nuevos focos que podrían reavivarse en los próximos días.

Las altas temperaturas previstas y la escasez de lluvias mantienen a decenas de localidades en vilo. Entre tanto, la lucha política promete intensificarse en un verano marcado por el humo, el fuego y las recriminaciones.

Lo que debería ser una respuesta unida ante una catástrofe nacional se ha convertido en un enfrentamiento en el que las llamas no solo arrasan los bosques, sino también la posibilidad de consenso.

Y mientras tanto, miles de españoles esperan que la política deje paso, por una vez, a la acción.