🏛🔥 El chiringuito oculto de Ayuso: la autopista secreta hacia el imperio universitario privado

En teoría, la Fundación para el Conocimiento Madrimas nació con una misión clara: evaluar proyectos de nuevas universidades, velar por la calidad académica y garantizar que Madrid mantenga un estándar

educativo a la altura de Europa.

En la práctica, su papel se ha deformado hasta convertirse, según denuncias, en un filtro selectivo que abre las puertas de par en par a universidades privadas mientras se cierra con candado al crecimiento de las

públicas.

Tres de sus últimos gerentes han sido figuras con pasado relevante en el Partido Popular, algunas llegando directamente desde cargos políticos a la dirección de la fundación.

No se trata de catedráticos ni expertos en gestión universitaria: su capital más evidente es la cercanía con el poder político.

Este patrón, repetido sin pudor, ha convertido a Madrimas en un ejemplo de manual de “puerta giratoria”, donde los despachos cambian de titular pero no de color.

El contexto agrava el cuadro.

Ayuso mantiene desde hace tiempo un enfrentamiento abierto con las universidades públicas madrileñas, a las que acusa de ser ineficientes y de gestionar mal sus recursos.

Mientras tanto, los presupuestos para estos centros se recortan, las limitaciones administrativas crecen y la capacidad para abrir nuevos campus se congela.

Paralelamente, los proyectos privados reciben luz verde con una rapidez que asombra incluso a quienes llevan décadas en el sector.

El caso más sonado es el de la Universidad Francisco Marroquín.

Autorizada para operar en Madrid, sus títulos solo son válidos en Guatemala.

Aun así, pasó el filtro de Madrimas mientras su vicerrector era un consejero del PP, Javier Fernández Lasquetti.

Una coincidencia que, para la oposición, no es casual, sino la prueba de un engranaje político perfectamente engrasado para favorecer a instituciones con vínculos ideológicos afines.

El problema no nació con Ayuso.

Ya en 2017, bajo Cristina Cifuentes, se colocaban dirigentes cercanos al PP en puestos clave dentro de la fundación.

Pero ahora, con un volumen mucho mayor de proyectos privados en juego, Madrimas se ha convertido en un pilar esencial de una estrategia a largo plazo: sustituir el protagonismo de la universidad pública por un

ecosistema privado ideológicamente alineado y económicamente exclusivo.

Hasta 2019, los nombramientos en la cúpula de la fundación se hacían sin concurso público.

Tras introducir procesos competitivos para la dirección, el puesto de gerente siguió quedando fuera de esa transparencia, permitiendo colocar perfiles políticos sin competencia abierta.

Esto, según críticos, consolida un control partidista que distorsiona la misión técnica original del organismo.

El impacto se mide en cifras y en asimetrías.

En las últimas décadas, Madrid ha abierto cuatro nuevos campus privados, mientras que el último campus público data de 1996.

No es casualidad: es la consecuencia directa de una política que impulsa el sector privado y frena cualquier expansión pública.

Las universidades privadas, lejos de ser un complemento inocuo, suelen imponer matrículas elevadas y no siempre alcanzan el nivel académico de las públicas.

El resultado es un sistema donde el acceso a la mejor formación depende más del saldo en la cuenta bancaria que del talento o el esfuerzo.

Para los expertos, el peligro es doble.

Por un lado, se produce una brecha social creciente, donde las familias con menos recursos quedan relegadas a opciones limitadas.

Por otro, se erosiona la reputación internacional del sistema universitario madrileño, que pasa a asociarse con centros autorizados sin estándares comparables a los de las mejores instituciones públicas.

La propia dinámica de Madrimas alimenta estas críticas.

La ausencia de perfiles técnicos independientes, la rapidez con la que se validan ciertos proyectos y la opacidad de los criterios empleados apuntan a un organismo que actúa más como “facilitador” que como

“evaluador”.

La oposición, encabezada por Más Madrid, denuncia que la proliferación de universidades privadas no responde a una demanda educativa real, sino a una estrategia política deliberada para debilitar la enseñanza

pública.

Este patrón no es exclusivo de la educación.

La misma lógica —colocar dirigentes afines en puestos clave y usarlos para favorecer intereses privados— se repite en áreas como la sanidad o la cultura.

En el caso universitario, el riesgo es aún más grave porque compromete la formación de las futuras generaciones y la capacidad de producción científica de la región.

Ejemplos internacionales muestran cómo este tipo de políticas derivan en sistemas duales: una universidad pública asfixiada y una privada que crece al calor del apoyo institucional, sin necesariamente ofrecer

mejores resultados.

En Madrid, el rumbo parece claro.

Mientras se autoriza la apertura de nuevos campus privados, se aprueban medidas que restringen la protesta estudiantil y se recortan los presupuestos públicos.

El terreno de juego se inclina cada vez más hacia un modelo donde la universidad pública pierde competitividad y prestigio.

En este escenario, la Fundación Madrimas no es un árbitro neutral, sino el jugador que pasa el balón decisivo al equipo privado.

Para revertir esta situación, académicos y sindicatos reclaman reformas urgentes: auditorías externas, publicación íntegra de los informes de evaluación, presencia de expertos independientes y representantes

estudiantiles en las decisiones, y procesos de selección transparentes para todos los cargos.

Sin estas medidas, la percepción de “chiringuito político” seguirá afianzándose.

La defensa del PP se centra en la supuesta neutralidad técnica de Madrimas, pero los hechos —y los nombres de sus dirigentes— cuentan otra historia.

Si el acceso a abrir una universidad depende de contactos políticos y no de cumplir con criterios académicos rigurosos, la confianza en todo el sistema queda comprometida.

Y cuando la educación deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un privilegio sujeto a intereses partidistas, lo que se debilita no es solo la universidad, sino la sociedad entera.

Lo que está en juego no es una simple disputa administrativa: es la configuración futura del sistema universitario madrileño.

Permitir que un organismo técnico se convierta en herramienta de un proyecto ideológico significa aceptar que el conocimiento y la igualdad de oportunidades son negociables.

Y en esa negociación, si nada cambia, la universidad pública será la gran perdedora.