🚨 ESCÁNDALO JUDICIAL: ¿Encubre Ayuso a su pareja y a su jefe de gabinete? Las PRUEBAS son demoledoras

Lo que comenzó como un caso de fraude fiscal de 350.000 euros contra Alberto González Amador ha terminado revelando una guerra interna de versiones enfrentadas entre los protagonistas más cercanos al

poder madrileño.

Y lo que hay en juego ya no es solo dinero o reputación, es la integridad misma de un gobierno regional que parece dispuesto a mentir, incluso ante un juez, para sostener su relato.

Todo estalla cuando Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, asegura en su declaración ante el Tribunal Supremo que no sabía absolutamente nada del correo que su abogado envió a la

fiscalía ofreciendo un pacto.

Dice que se enteró por los medios y que jamás autorizó esa maniobra legal.

Pero Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, asegura lo contrario: que González Amador no solo sabía, sino que le reenviaba correos, comentaba estrategias y le dio permiso explícito para filtrar el

contenido a los medios.

Las pruebas, por si fuera poco, inclinan la balanza.

Capturas de pantalla, mensajes fechados y firmados digitalmente muestran que el empresario tenía pleno conocimiento de lo que su abogado estaba negociando.

Incluso habla de “un solo condenado” y de “multa mínima”, términos que difícilmente puede usar quien supuestamente ignoraba lo que estaba ocurriendo.

¿A quién se le ocurre compartir un mensaje con detalles legales si no sabe de qué va? La lógica cae por su propio peso.

Rodríguez, por su parte, declara que recibió el correo el 12 de marzo por la mañana.

Dice que esperó casi dos días antes de mover ficha y que solo lo filtró a los periodistas cuando sintió que había que equilibrar la narrativa mediática.

Afirma que el empresario le dijo claramente: “Haz lo que veas”.

Pero esa frase, convertida en comodín, no resiste el nivel de precisión que exige una autorización legal.

Y si no fue una orden clara, entonces Rodríguez actuó por su cuenta y se inmiscuyó en un caso judicial sin respaldo.

En ambos escenarios, estamos ante una bomba legal y política.

La situación se vuelve insostenible cuando se confirma que los periodistas recibieron las filtraciones incluso antes que la propia Fiscalía General.

Es decir, la defensa privada del novio de Ayuso estaba más coordinada con el gabinete presidencial que con los órganos judiciales.

¿Cómo se explica eso si no hay una conexión directa entre poder político e intereses personales?

Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso guarda silencio.

No da la cara, no convoca rueda de prensa, no explica por qué su jefe de gabinete está metido hasta el cuello en la gestión mediática de un caso fiscal privado.

¿Por qué no lo cesa? ¿Por qué no se desmarca de un empresario acusado que ahora queda en entredicho por posible falso testimonio? Porque admitir eso sería desmontar la arquitectura de impunidad que protege

al núcleo duro de su gobierno.

Lo que queda claro es que uno de los dos —Rodríguez o González Amador— ha mentido ante el juez.

Y en cualquier democracia sana, mentir en sede judicial es más que un error: es un delito.

Las consecuencias deben ser inmediatas, pero en Madrid no pasa nada.

Ni ceses, ni dimisiones, ni asunción de responsabilidades.

Solo una estrategia de resistencia basada en el desgaste, la victimización y la manipulación mediática.

Rodríguez afirma tres veces, de forma rotunda, que recibió permiso.

González Amador jura que no lo autorizó.

Uno de los dos está traicionando la verdad, y ambos lo han hecho bajo juramento.

El juez ya ha citado a nuevos testigos, entre ellos el abogado Carlos Neira, quien supuestamente ofreció un pacto legal sin informar a su cliente.

Una versión poco creíble que alimenta aún más el escándalo.

¿Por qué González Amador sigue con ese abogado si actuó por su cuenta? ¿Por qué no denunció inmediatamente haber sido representado sin su consentimiento?

Y hay más preguntas que el gobierno regional se niega a responder.

¿Qué hacía el jefe de gabinete de una presidenta regional filtrando correos judiciales a los medios? ¿En calidad de qué actuó? ¿Quién le dio ese papel? El uso de recursos oficiales y políticos para intervenir en la

defensa personal de la pareja de Ayuso no es un “asunto privado”: es corrupción institucional.

Esta trama ya no es solo un escándalo político, sino una amenaza directa al sistema democrático.

La mentira ante el juez, el silencio de la presidenta, la filtración de documentos y la estrategia de encubrimiento apuntan a un modelo de poder podrido, donde el aparato estatal se usa para blindar a los cercanos,

aunque eso signifique cruzar líneas rojas legales.

Madrid no puede seguir siendo gobernado por una presidenta que se niega a asumir las consecuencias de los actos de su entorno más íntimo.

Si uno de los dos ha mentido, Ayuso debe actuar.

Si no lo hace, se convierte en cómplice, en protectora de un relato que ha quedado en ruinas.

Porque la justicia no puede ser un decorado.

No se puede usar al juez como peón en una estrategia de comunicación.

La mentira bajo juramento es un atentado contra la democracia.

Y si Ayuso quiere seguir gobernando con credibilidad, debe elegir: o la verdad o sus lealtades personales.

El caso ya ha superado los límites del escándalo.

Ahora estamos ante una prueba de fuego para la credibilidad institucional.

Y si nadie asume responsabilidades, será la ciudadanía quien pague el precio de un poder que juega con la ley como si fuera un eslogan electoral.