🔥Financió clubes de alterne sin control: La denuncia que pone contra las cuerdas a Ayuso y salpica a la ultraderecha

La pandemia de COVID-19 trajo consigo una oleada de medidas urgentes para salvar empresas y empleos, y con ella, millones de euros en subvenciones salieron de las arcas públicas bajo el paraguas de la

emergencia.

Pero entre los miles de beneficiarios del plan de rescate económico de la Comunidad de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, se escondía una bomba mediática que estallaría meses después: dos empresas

propietarias de clubes de alterne recibieron más de 230.000 € del dinero público.

Lo que comenzó como una línea más en la base de datos de subvenciones pronto se convirtió en el escándalo que nadie quiso ver venir.

El primer caso confirmado fue el de Triple 17 SL, propietaria del club Hot Sou Hills Madrid.

El gobierno madrileño le entregó 110.

589 € en julio de 2021 como ayuda directa, sin contraprestación, es decir, sin exigir ningún servicio a cambio.

Legal, sí.

¿Moral? Muy discutible.

La ayuda fue gestionada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo bajo la dirección de Javier Fernández Lasquetty.

Se concedió conforme a criterios genéricos sin discriminar por tipo de negocio.

En otras palabras, el Estado abrió la puerta sin mirar quién entraba.

Pero no fue un caso aislado.

Pocos días antes, otra empresa —La Florida SL— recibió 125.419 € por su actividad como gestora del club Flowers Showgills, también en Madrid.

En total, ambas compañías sumaron 235.425 € en ayudas que deberían haber paliado la crisis de sectores esenciales y no financiar negocios envueltos en un halo de secretismo, con prácticas socialmente

controvertidas y en algunos casos, con vínculos

políticos explosivos.

Porque la historia no acaba en el reparto económico.

Jorge GP, propietario de Triple 17 SL, aparece en investigaciones periodísticas como un actor clave en el entorno de Luis Alvise Pérez, agitador ultraderechista y candidato a las elecciones europeas de 2024.

Según reveló El Confidencial, la infraestructura empresarial de Jorge habría servido como canal para introducir fondos opacos a la campaña de Alvise, utilizando justamente las mismas empresas que recibieron

ayudas públicas del gobierno regional.

Aunque no se ha probado una relación directa entre el dinero público y la campaña, la coincidencia temporal y las conexiones entre los protagonistas encendieron todas las alarmas.

El propio Alvise avivó el escándalo al declarar ante el Tribunal Supremo que recibió 100.

000 € en efectivo dentro de un maletín negro.

Aunque dijo que el dinero era para gastos personales y profesionales, la falta de justificación y el contexto hicieron que la fiscalía abriera una investigación formal.

El juez Julián Sánchez Melgar estudia posibles delitos de estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad documental, todos castigados con penas de hasta 4 años de prisión.

Mientras tanto, desde la Puerta del Sol, la presidenta Ayuso ha guardado un silencio casi absoluto.

Solo ha emitido vagos comunicados remitiéndose a la legalidad de los procedimientos, sin asumir responsabilidad política ni responder a las crecientes preguntas de los ciudadanos.

El escándalo, sin embargo, ha ido más allá de la legalidad.

Ha abierto una herida ética que no deja de sangrar.

Uno de los puntos más preocupantes es la inexistencia de un mecanismo que controle el uso posterior de las ayudas.

Ninguna de estas empresas estuvo obligada a justificar cómo se utilizó el dinero.

¿Fue para mantener empleos? ¿Pagar alquileres? ¿O terminó financiando campañas políticas? Nadie lo sabe con certeza, y eso es precisamente lo que más indigna.

Porque mientras librerías, peluquerías y bares familiares fueron rechazados por errores burocráticos, estos negocios nocturnos accedieron sin trabas a los fondos públicos.

Y lo más inquietante es que el caso solo salió a la luz gracias a periodistas como Marcelino Madrigal, que bucearon entre miles de líneas del portal de subvenciones hasta encontrar la anomalía.

No hubo transparencia activa por parte del gobierno.

No hubo alertas internas ni filtros éticos.

Solo un procedimiento frío que trató igual a una clínica veterinaria que a un club con reservados VIP.

Este ocultamiento pasivo por parte de las autoridades ha reforzado la percepción de que el caso no solo fue un error, sino un encubrimiento.

Cuando la prensa destapó las conexiones entre Jorge GP y la campaña de Alvise, los responsables del Hot Sou Hills Madrid abandonaron su local en la calle López de Hoyos y regresaron a Alicante, supuestamente

su base original.

El club, que compartía edificio con una clínica dental y la embajada de Eslovenia, desapareció discretamente.

Pero las preguntas se multiplicaron: ¿a dónde fue ese dinero? ¿Se justificaron sus gastos? ¿Qué vínculos había con la ultraderecha?

Las respuestas siguen sin llegar.

Mientras tanto, la indignación crece.

En redes sociales, hashtags como #DineroPúblico y #AyusoExplica se viralizaron, exigiendo explicaciones claras.

Asociaciones de vecinos, autónomos y pequeñas empresas han exigido auditorías públicas y medidas legales para impedir que algo así vuelva a ocurrir.

Para muchos, este caso ha evidenciado cómo los procedimientos administrativos pueden ser legalmente correctos, pero éticamente ruinosos.

La situación ha abierto también un debate sobre si debe permitirse que negocios relacionados con el alterne o la explotación sexual reciban dinero público.

Aunque en España los clubes de alterne no están prohibidos como tal, su regulación es ambigua y muchas veces se mueven en un limbo jurídico que favorece el abuso, la trata de personas y la explotación laboral.

Permitir que estas empresas accedan a subvenciones sin un mínimo control envía un mensaje peligrosamente laxo sobre qué tipo de actividades son aceptables con financiación pública.

Los expertos coinciden: lo legal no siempre es lo justo.

Y si no se introducen filtros éticos en las políticas públicas, los ciudadanos perderán la confianza en sus instituciones.

No se trata solo de dinero, se trata de valores.

De responsabilidad política.

De saber distinguir entre lo permitido y lo inaceptable.

Si no se actúa, el precedente quedará abierto: cualquier negocio, por oscuro que sea, podrá recibir ayudas sin rendir cuentas.

Y eso convierte el presupuesto público en una lotería moralmente descontrolada.

Ayuso y su equipo tienen una responsabilidad que va más allá de los papeles.

Porque en tiempos de emergencia, cada euro público tiene un valor moral añadido.

Y si ese dinero termina en locales de alterne, en maletines de campañas políticas o desaparece sin control, lo que se destruye no es solo el presupuesto, es la confianza.

Y eso, en democracia, es mucho más costoso que cualquier subvención.