💣 Puente desenmascara el fraude millonario del novio de Ayuso y deja al descubierto la hipocresía política

Óscar Puente no gritó, no insultó y no lanzó teorías, simplemente hizo lo que muy pocos en la política se atreven hoy: decir la verdad.

Frente a un nuevo intento mediático de transformar un caso de fraude fiscal en una caza de brujas contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el portavoz socialista sacó el bisturí y expuso, con precisión

milimétrica, lo que realmente está pasando.

Alberto González Amador, pareja sentimental de Ayuso, no está siendo investigado por ser su novio, sino porque la Agencia Tributaria lo pilló intentando defraudar más de 350.

000 euros.

Y no se trata de una simple declaración mal hecha, sino de facturas falsas, empresas pantalla y una red deliberadamente creada para engañar al fisco.

Todo esto, en plena pandemia, mientras miles de ciudadanos sufrían recortes, ERTEs y presión fiscal sin precedentes.

La clave jurídica es clara: cualquier fraude superior a 120.000 euros al año activa automáticamente la intervención de la fiscalía.

No importa si eres panadero, autónomo o pareja de una presidenta.

El artículo 305 del Código Penal lo dice sin rodeos.

Pero aun así, el diario El Debate publicó un titular con aroma a novela conspiranoica: que la fiscalía se movilizó “por ser pareja de Ayuso”.

Un titular diseñado no para informar, sino para encender.

Y ahí es donde Puente saltó, no con ideología, sino con ley.

Explicó en redes sociales que esa afirmación es directamente falsa y que la fiscalía actuó como debe hacerlo, como lo haría con cualquier otro ciudadano en las mismas circunstancias.

Lo más grave es que el propio abogado del novio de Ayuso reconoció los hechos.

Intentó pactar con la fiscalía una sanción económica para evitar la prisión, una jugada clásica en casos de fraude fiscal.

Pero luego, ante el revuelo, la defensa intentó desdecirse.

Que si no era consciente, que si no autorizó nada, que si se enteró por la prensa.

Excusas que no borran los correos electrónicos enviados por su abogado, los documentos firmados, ni las cifras defraudadas.

Y mientras todo eso se desmorona en el plano legal, Ayuso guarda silencio.

Ni una explicación, ni una rueda de prensa, ni una palabra sobre el caso.

Se esconde tras discursos sobre libertad y victimismo político, como si la justicia fuera algo que se puede tapar con un eslogan de campaña.

Lo peor es que no es el único caso que salpica su entorno.

Su jefe de gabinete también está bajo el radar por presuntas filtraciones de información judicial.

¿Y qué hace Ayuso? Nada.

Silencio absoluto.

Un silencio que, según Puente, no es estrategia política, es complicidad pasiva.

Porque cuando alguien en el poder no condena ni aclara, está protegiendo.

No con palabras, sino con inacción.

Y eso, en una democracia, es peligrosísimo.

El discurso de la derecha mediática no busca justicia, busca distracción.

En lugar de condenar el fraude, condenan a quienes lo denuncian.

En lugar de hablar de los hechos, fabrican relatos alternativos.

Lo hicieron con Gürtel, con la Kitchen, con Bárcenas, y ahora lo intentan con Ayuso.

Pero la gente ya no compra humo.

Cuando hay datos, firmas y hasta intentos de acuerdo con la fiscalía, no hay bulo que aguante.

Lo explicó Javier Ruiz en televisión, documento en mano: no estamos ante un simple pago atrasado, estamos ante un fraude fiscal con factura falsa.

Y eso no es interpretación, es delito.

Lo que intentan algunos medios es desviar la atención.

Que miremos a Puente, que lo acusemos de hacer política, cuando lo único que está haciendo es explicar lo que dice la ley.

Porque si el mismo caso se tratara de la pareja de Pedro Sánchez, los mismos que hoy piden presunción de inocencia estarían exigiendo dimisiones en todos los platós.

La pregunta no es si Ayuso es culpable del fraude, sino si es responsable de lo que ocurre en su círculo más cercano.

Porque cuando compartes vida, dinero y decisiones con alguien, no puedes fingir que no sabías nada.

Y mucho menos cuando ese alguien está ofreciendo medio millón de euros para cerrar el caso.

Aquí no hay caza de brujas.

Aquí hay una Agencia Tributaria que hace su trabajo, una fiscalía que cumple la ley y una presidenta que prefiere hablar de cine mientras su entorno arde en escándalos.

¿Dónde está la coherencia política que exigía en campaña? ¿Dónde quedó esa bandera de la ejemplaridad?

Óscar Puente lo dejó claro: esto no va de política, va de justicia.

Y cuando la justicia actúa, el poder no puede esconderse tras titulares falsos.

Porque la verdad tiene documentos, tiene cifras y tiene código penal.

Y si esta vez no se detiene el bulo, mañana vendrá otro más grande, más peligroso y más difícil de desmontar.

Por eso es tan importante lo que dijo Puente, porque no solo defendió la ley, defendió el derecho de todos a no ser engañados por el poder.

Este caso no es una simple anécdota.

Es un reflejo de cómo ciertos sectores entienden el poder: como una burbuja de impunidad donde todo vale si tienes los medios de tu lado.

Pero los bulos tienen las patas cortas.

Y cuando la mentira choca con la ley, solo una cosa queda en pie: la verdad.

El fraude del novio de Ayuso no es una persecución, es un escándalo fiscal que merece justicia.

Y esta vez, el relato ya no engaña a nadie.