🧨 “NO es una multa, es DELITO”: Silvia Intxaurrondo EXPLOTA y desenmascara a Ayuso en pleno directo ✅

La historia comienza con una cifra: 350.000 euros.

Es la cantidad que presuntamente defraudó Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que ahora lo tiene a las puertas de la prisión.

Ayuso ha querido hacer creer que todo esto es una persecución política, que solo se trata de una multa sin mayor importancia.

Pero basta con mirar los hechos, los documentos oficiales y la ley, para desmontar por completo esa narrativa.

Y eso es exactamente lo que hicieron Silvia Intxaurrondo y su compañero periodista en un programa reciente de La Hora de La 1, dejando claro que no estamos hablando de una infracción menor, sino de delitos fiscales muy graves.

El Código Penal español es claro: cuando el fraude fiscal supera los 120.000 euros por ejercicio, estamos ante un delito penal, no una sanción administrativa.

En este caso, se superaron con creces en dos años consecutivos.

No es una multa.

Es un delito.

Uno que puede llevar hasta seis años de cárcel por cada ejercicio y sanciones económicas que podrían multiplicarse hasta por siete sobre la cantidad defraudada.

Y Ayuso lo sabe.

Lo que pasa es que no quiere que tú lo sepas.

La jugada del entorno de Ayuso ha sido intentar normalizar lo que es un escándalo.

Hablar de “una simple multa”, de una persecución “porque es mi novio” y, en el colmo del cinismo, llegar a acusar a cámaras de televisión de agredirlo físicamente.

Una estrategia de victimismo descarado que se cae por su propio peso cuando se contrastan los datos y los hechos.

Silvia Intxaurrondo, lejos de caer en la trampa de la retórica incendiaria, se limitó a hacer algo que a veces parece revolucionario en los medios: explicar con claridad.

Y lo que explicó fue demoledor.

La Agencia Tributaria, al detectar el fraude superior a 120.

000 euros, está obligada a trasladar el caso a la Fiscalía.

Allí es donde se plantea un pacto penal para evitar el juicio.

En ese punto, la pareja de Ayuso tuvo la oportunidad de aceptar una condena de ocho meses de cárcel —que no implicaría ingreso en prisión— y pagar una multa de medio millón de euros.

Y no lo hizo.

Pidió una prórroga más.

La sexta.

Y la jueza le dijo: se acabó.

La razón por la que no aceptó aún el pacto podría estar relacionada con otro escándalo aún más oscuro: la compra por parte de González Amador de una empresa fantasma por medio millón de euros.

Una sociedad que apenas tenía activos: un portátil de 2013 y dos máquinas de depilación usadas.

¿El detalle más escandaloso? La empresa pertenecía a la esposa de un alto cargo de Quirón, el gigante sanitario con múltiples contratos con la Comunidad de Madrid.

Las piezas empiezan a encajar.

Y huele muy mal.

Mientras tanto, Ayuso sigue utilizando espacios institucionales para defender a su pareja, con una falta de vergüenza que ha indignado incluso a colegas de su propio partido.

En un momento delirante, llegó a decir en público que su novio fue agredido por una cámara.

Las imágenes muestran otra cosa: un choque accidental mientras el implicado se dirigía a declarar.

Pero, como siempre, la presidenta de Madrid lo presenta como una cacería.

La ironía más grande de todo esto es que Ayuso, defensora a ultranza del cumplimiento de la ley y la ejemplaridad institucional, se haya convertido en la vocera de un presunto defraudador que no solo ha evadido impuestos, sino que podría estar implicado en

tramas de corrupción vinculadas a su propio gobierno.

Y mientras tanto, utiliza recursos públicos, tiempo institucional y la maquinaria comunicativa de la Comunidad para protegerlo.

¿No decía ella que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley?

Los datos son brutales: 350.000 euros defraudados, dos delitos fiscales, falsedad documental, una compra sospechosa de una empresa inútil, relaciones peligrosas con proveedores de la sanidad pública, y una defensa cerrada por parte de la mujer que debería

velar por los intereses de losmadrileños.

Todo eso, empaquetado en una narrativa de persecución y victimismo que cada vez cuela menos.

Y por si fuera poco, mientras la justicia avanza con lentitud, González Amador sigue estirando los plazos, esperando quizás que el clima político cambie o que alguna filtración lo salve.

Pero hay algo que ni Ayuso ni su equipo han podido detener: los periodistas que no se callan.

Y entre ellos, Silvia Intxaurrondo ha demostrado que aún hay espacio para el periodismo valiente, el que no se arrodilla ni ante el poder político ni ante la presión mediática.

En definitiva, lo que parecía un caso menor se ha convertido en un símbolo del doble rasero, del uso de lo público para fines privados y de cómo el poder, cuando se ve acorralado, prefiere destruir las reglas antes que someterse a ellas.

Pero también es un recordatorio de que todavía hay voces que no se compran ni se intimidan.

Y mientras eso exista, siempre habrá una esperanza de que la verdad salga a la luz.

Aunque tenga que gritarla, con datos en mano, una periodista desde el plató de la televisión pública.