Juan Carlos Peinado ha decidido citar a declarar a Gómez y su exasesora por un presunto delito de malversación de fondos

El clima judicial y político en España vuelve a tensarse con la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su exasesora Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

La medida, que llega a finales de agosto de 2025, se suma a los cargos que ya pesaban sobre Gómez —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo— y ha desatado un nuevo terremoto mediático y jurídico.

Lo más sorprendente es que esta imputación contradice no solo resoluciones anteriores de la Audiencia Provincial de Madrid y del Tribunal Supremo, sino incluso el propio criterio inicial del magistrado Peinado, que en junio había descartado este mismo delito.

La noticia fue analizada en directo en el programa *Todo es Mentira* de Mediaset, donde el jurista Joaquim Bosch explicó en detalle el alcance de este nuevo paso judicial y planteó serias dudas sobre su viabilidad.

En conversación con el periodista Pablo González Batista, Bosch fue tajante:

“Creo que hay que anticipar que esta cuestión es bastante problemática jurídicamente tanto por el perfil general del delito de malversación como por algunas peripecias que se han producido en este caso concreto”.

La explicación de Bosch sirvió para arrojar luz sobre un concepto que muchas veces se percibe de manera difusa. Según señaló, la malversación en estos supuestos se refiere a “destinar empleados públicos para un fin distinto al que están destinados los fondos públicos”.

Y ejemplificó con casos ya conocidos en la jurisprudencia española:

“Como la típica alcaldesa que dedica empleados municipales a que trabajen en sus fincas o asesores de empresas públicas que en lugar de realizar tareas institucionales se dedican a trabajar para el partido político”.

Sin embargo, puntualizó que para que exista este delito se requiere “una utilización completa de esos recursos”.

El jurista fue claro al subrayar que solo habría malversación si la asesora Cristina Álvarez hubiese dejado de cumplir todas sus funciones para dedicarse exclusivamente a trabajar para Begoña Gómez.

En cambio, los usos puntuales, como un fax, un correo electrónico o una llamada telefónica en beneficio personal, difícilmente encajarían en el tipo penal.

“Por esto, precisamente, hace solo tres meses el juez instructor descartó citar como investigadas a Gómez y a la asesora”, recordó Bosch, apuntando la contradicción de Peinado.

En junio, la Audiencia Provincial de Madrid ya había delimitado el terreno penal y sostuvo que la actividad de Álvarez podía hipotéticamente vincularse a un tráfico de influencias, pero no a una malversación de fondos.

Esta resolución parecía haber cerrado esa vía, pero Peinado ha decidido reabrirla con una decisión que, según Bosch, abre la puerta a recursos inmediatos.

“Lo más probable es que Gómez tenga que declarar porque los recursos que se presenten no tienen carácter suspensivo, y teniendo en cuenta que la citación es a principios de septiembre, no daría tiempo a resolverlos”, explicó.

La previsión de Bosch apunta a que la esposa del presidente deberá acudir a los tribunales en cuestión de días, aunque no es descartable que las actuaciones posteriores sean anuladas.

“Ha sido una constante en este procedimiento que se tomen decisiones, luego se recurran y más tarde se anulen actuaciones ya adoptadas, algunas con bastante impacto”, lamentó el magistrado en su análisis.

Este nuevo escenario añade más presión política a Pedro Sánchez, que ha defendido públicamente a su esposa en diversas ocasiones, acusando a ciertos sectores de la judicatura y la oposición de orquestar una “campaña de acoso” contra su familia.

Para el entorno del presidente, este nuevo paso de Peinado se percibe como un movimiento con tintes políticos más que jurídicos, especialmente porque contradice a tribunales superiores.

La figura del juez Peinado ha estado marcada por la controversia desde que asumió la instrucción de la causa.

Sus idas y vueltas procesales, los cambios de criterio y los choques con resoluciones de instancias superiores lo han convertido en un protagonista involuntario de la escena mediática.

Para algunos sectores, su actuación erosiona la confianza en el sistema judicial, mientras que otros lo defienden como un magistrado valiente que no teme investigar a figuras influyentes.

El caso de Begoña Gómez, sin embargo, trasciende lo jurídico y se ha convertido en un elemento central del debate político.

La oposición ya ha exigido explicaciones inmediatas y ha criticado el silencio de Moncloa, mientras que desde el PSOE se insiste en que el proceso es una persecución judicial sin fundamentos sólidos.

El calendario añade más dramatismo: la citación de Gómez coincide con el inicio del curso político en septiembre, un momento en el que el Gobierno buscaba recuperar la iniciativa en temas como la economía, el desempleo juvenil y la política europea.

Entre tanto, los medios de comunicación han convertido el asunto en un espectáculo diario, alimentado por filtraciones, tertulias y análisis cruzados.

El hecho de que la esposa del presidente se siente en el banquillo aunque sea de manera provisional constituye un golpe simbólico de gran magnitud, que genera titulares y divide a la opinión pública.

La pregunta que flota en el aire es si la imputación por malversación tendrá recorrido real en los tribunales o si, como anticipa Bosch, terminará en nada tras los recursos.

De momento, lo único seguro es que Begoña Gómez tendrá que declarar ante la justicia en los primeros días de septiembre,

en un episodio que amenaza con sacudir no solo su imagen personal, sino también la estabilidad del propio presidente del Gobierno en un momento clave para la política española.

Con este nuevo capítulo, el caso Gómez se consolida como uno de los procesos judiciales más mediáticos y polémicos de los últimos años, en el que se mezclan sospechas de corrupción, interpretaciones jurídicas enfrentadas y un trasfondo político que multiplica la tensión.

Lo que ocurra en las próximas semanas no solo marcará el destino judicial de Begoña Gómez, sino que podría alterar de manera decisiva el futuro inmediato de Pedro Sánchez y de su Gobierno.