Pablo Emilio Escobar Gaviria, uno de los narcotraficantes más conocidos y temidos de la historia, fue un hombre que no solo construyó un imperio criminal sino que también intentó incursionar en la política colombiana.

Su entrada al Congreso en 1982 como suplente a la Cámara de Representantes marcó un antes y un después en su vida y en la historia de Colombia.

Sin embargo, ese paso, que él creyó sería un escudo protector, terminó siendo el error que selló su destino.

 

Antes de ser conocido mundialmente por sus vínculos con el narcotráfico, Pablo Escobar se presentó ante la sociedad colombiana como un benefactor popular.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, Escobar inició una campaña social en barrios marginados de Medellín y Envigado, con programas como “Civismo en marcha” y “Medellín sin tugurios”.

Estas iniciativas incluían jornadas para sembrar árboles, liberar animales, iluminar canchas deportivas y ofrecer ayuda a las comunidades más vulnerables.

 

Estas obras sociales no solo mejoraron la calidad de vida de muchos habitantes, sino que también sirvieron para construir una base social sólida y leal.

Escobar se convirtió en un patrón para los pobres, ganando el cariño y respaldo de las barriadas populares, quienes lo veían como un líder que hacía lo que otros políticos solo prometían.

 

Con el apoyo de su tío Hernando Gaviria Berrío y el uso del periódico “Medellín Cívico”, Escobar difundió sus obras y fortaleció su imagen pública.

Este capital político le permitió dar el salto formal a la política, integrándose en 1982 como suplente en la Cámara de Representantes por el movimiento Renovación Liberal, bajo la cabeza de Jairo Ortega Ramírez.

La entrada de Escobar al Congreso le otorgó inmunidad parlamentaria, una protección legal que le permitió operar con mayor libertad.

Sin embargo, también lo hizo visible ante el escrutinio público y judicial. Su intento de legitimar un imperio construido en la ilegalidad se convirtió en su peor error.

 

En febrero de 1982, el líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, desautorizó públicamente la candidatura de Escobar, señalando dudas sobre el origen de su fortuna.

Esta desautorización fue el inicio de una campaña política y judicial para desenmascarar a Escobar.

 

El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla se convirtió en uno de sus principales opositores, denunciando abiertamente los vínculos de Escobar con el narcotráfico y exigiendo investigaciones.

Lara Bonilla fue un funcionario valiente que enfrentó con pruebas y discursos enérgicos la infiltración del narcotráfico en la política colombiana.

 

La presión mediática y judicial aumentó con la publicación en 1983 de la ficha policial de Escobar, que evidenciaba sus antecedentes por tráfico de drogas.

La Cámara de Representantes retiró su reconocimiento parlamentario, despojándolo de la inmunidad que lo protegía.

 

Sin protección legal, la Fiscalía reabrió expedientes en su contra, y la figura de Escobar dejó de ser la de un benefactor popular para convertirse en un criminal buscado.

Este cambio radical en su situación legal y política marcó el inicio de una guerra abierta contra el Estado.

 

En marzo de 1984, la desarticulación de “Tranquilandia”, el mayor complejo cocalero del cartel de Medellín, evidenció la conexión directa de Escobar con una red transnacional de narcotráfico.  Este golpe judicial fue un punto de inflexión.

 

Rodrigo Lara Bonilla, como ministro de Justicia, recibió amenazas constantes por su lucha contra el narcotráfico, pero se mantuvo firme.

Su asesinato en abril de 1984 a manos de sicarios del cartel de Medellín fue un acto que simbolizó el inicio de una guerra sin precedentes entre Escobar y el Estado colombiano.

 

Uno de los temas centrales en la confrontación entre Escobar y el Estado fue el tratado de extradición con Estados Unidos.

Para los narcotraficantes, la extradición representaba la mayor amenaza, pues implicaba enfrentar un sistema judicial riguroso e imparcial fuera de Colombia.

 

Desde su posición en el Congreso, Escobar lideró una campaña contra la extradición, argumentando que violaba la soberanía nacional.

Organizó foros, financió discursos y promovió la idea de someter la extradición a referéndum popular.

Esta lucha política fue parte de su estrategia para blindarse y proteger sus intereses criminales.

Sin embargo, también lo posicionó como un enemigo declarado del Estado y de sectores políticos que buscaban erradicar el narcotráfico.

 

Escobar no solo era un capo de la droga; también se convirtió en un actor político con influencia territorial y social.

Su capacidad para movilizar recursos y controlar territorios lo hizo un aliado útil para algunos sectores políticos, mientras que para otros representaba una amenaza directa.

 

Su ambición por obtener reconocimiento social y político lo llevó a tensar las relaciones con la élite establecida, generando enemigos poderosos.

La clase política colombiana, que en muchos casos se benefició de los recursos del narcotráfico, no estaba dispuesta a ceder su poder ante Escobar.

 

La muerte de Rodrigo Lara Bonilla y la creciente presión judicial y social llevaron a Escobar a optar por la guerra total contra el Estado.

Formó la organización de “los extraditables”, un grupo que desató una ola de violencia y terror para impedir la extradición y proteger su imperio.

 

Esta confrontación marcó el inicio de años de conflicto sangriento en Colombia, donde Escobar se enfrentó no solo a las autoridades, sino también a paramilitares, rivales y sectores políticos.

Finalmente, la alianza de diversos sectores políticos, judiciales y militares logró abatir a Escobar, poniendo fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana.

 

El error de Pablo Escobar fue subestimar el poder de la visibilidad política y creer que podía legitimar su imperio criminal desde dentro del sistema.

Su entrada al Congreso lo expuso y lo convirtió en un blanco para quienes buscaban limpiar la política colombiana.

 

Su historia es un ejemplo de cómo el narcotráfico puede infiltrarse en las instituciones y cómo la lucha contra este fenómeno requiere valentía, compromiso y la unión de diversos sectores sociales.

 

La caída de Escobar no solo significó el fin de un capo, sino también un llamado a la reflexión sobre la complejidad del poder, la corrupción y la justicia en Colombia.

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