¿Y ahora qué va a decir?: El tenso momento en que Manuel Adorni fue acorralado en la Casa Rosada
El escenario político y judicial de la República Argentina se encuentra conmocionado tras la filtración y apertura de una serie de documentos confidenciales que amenazan con desestabilizar de manera definitiva a una de las figuras más visibles, influyentes y determinantes de la administración libertaria.
El actual jefe de gabinete de la nación y anterior vocero presidencial, Manuel Adorni, se ha convertido en el epicentro de un terremoto institucional de alcances impredecibles tras consolidarse de manera formal el avance de tres causas penales simultáneas en los tribunales federales de Comodoro Py.
Este entramado judicial, alimentado por peritajes financieros, auditorías corporativas y registros migratorios, apunta de forma directa hacia un crecimiento patrimonial de proporciones exponenciales y de sumamente difícil justificación técnica, un esquema que incluye la adquisición de propiedades bajo sospecha de subfacturación, reiterados viajes de placer al exterior y, de manera crucial, la presunta utilización de estructuras empresariales intermediarias para canalizar fondos provenientes de corporaciones privadas que mantienen contratos multimillonarios con el propio Estado nacional.
Con fecha de 16 de junio de 2026, las novedades surgidas desde los despachos judiciales han colocado al alto funcionario gubernamental en una posición de extrema vulnerabilidad operativa, desatando una oleada de interrogantes dentro y fuera de la Casa Rosada respecto a su continuidad y a los costos políticos que este escándalo puede infligir al relato de transparencia y austeridad que el oficialismo ha esgrimido como principal bandera de gestión.
El expediente principal, radicado en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo y que cuenta con la intervención del fiscal Carlos Estornelli —un funcionario judicial de fluido diálogo y sintonía con las terminales de poder del actual gobierno—, ha experimentado un avance decisivo en las últimas horas tras la recepción y compulsa de los libros contables, actas societarias y contratos comerciales pertenecientes de forma exclusiva a la firma MASB, denominación comercial bajo la cual opera la consultora “Más B”, propiedad de Betina Angeletti, esposa de Manuel Adorni.
La investigación sobre esta compañía en particular cobró un impulso definitivo cuando los peritos judiciales detectaron que la firma fue formalmente constituida e inaugurada en el año 2024, precisamente coincidiendo con el desembarco y consolidación de Adorni en la función pública como la voz oficial del Poder Ejecutivo.
La sospecha inicial de los investigadores radicaba en la posibilidad de que la consultora fuera utilizada como una pantalla o vehículo para el tráfico de influencias y la obtención de beneficios económicos indebidos.
Sin embargo, el análisis de los documentos que acaban de salir a la luz pública ha superado las hipótesis más cautas de la fiscalía, revelando que los principales clientes de la empresa de la esposa del jefe de gabinete son corporaciones privadas de gran envergadura que, de manera simultánea, perciben fondos públicos a través de licitaciones, subsidios y contratos directos con el Estado argentino.
El nudo gordiano que el juez Ariel Lijo intenta desentrañar se centra en la flagrante incompatibilidad de funciones y el posible delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La hipótesis criminal sostiene que Manuel Adorni habría utilizado su enorme ascendencia política y su rol jerárquico dentro de la estructura estatal para propiciar que empresas contratistas del Estado desviaran fondos hacia la consultora de su cónyuge bajo la apariencia de contraprestaciones por servicios técnicos y de asesoramiento.
Entre los documentos analizados y validados por el tribunal figuran los contratos específicos firmados por la consultora MASB con firmas de altísimo perfil industrial, logístico y tecnológico, tales como el poderoso conglomerado de telecomunicaciones Grupo Datco, la influyente naviera dedicada al transporte fluvial y marítimo de combustibles National Shipping, y el holding corporativo conocido como Grupo Fogia.
La inclusión del Grupo Fogia en el expediente judicial ha encendido de inmediato las alarmas en el anillo de máxima confianza del poder político central debido a las ramificaciones e interconexiones que presenta dicha corporación.
De acuerdo con las actas societarias integradas a la causa, en dicha estructura posee una ascendencia directa y de fuerte influencia la funcionaria Mara Gorini, identificada unánimemente en los pasillos gubernamentales como la mano derecha y principal operadora logística de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Esta conexión ha llevado a los investigadores y analistas políticos a concluir que, dentro de este ecosistema de negocios bajo sospecha, todas las terminales e intereses económicos se encuentran profundamente interconectados, configurando un presunto esquema de favores mutuos y retornos financieros que perfora la retórica de pureza administrativa y libre competencia que el gobierno proclama de cara a la sociedad civil.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los peritos contables y que roza el ridículo técnico dentro de las actuaciones es la justificación de los servicios que la empresa de Betina Angeletti supuestamente prestaba a las grandes corporaciones contratistas del Estado.
Según consta en las cláusulas de los contratos secuestrados por la justicia, la consultora de la esposa de Adorni era contratada para brindar servicios especializados en el ámbito del coaching ontológico.
El objetivo formal de estos costosos asesoramientos consistía teóricamente en encargarse de auditar las plantillas de personal de las grandes firmas privadas para detectar de manera temprana dónde existía personal calificado o empleados con “talento desaprovechado” que tuvieran el potencial latente de convertirse en futuros gerentes o directivos de las compañías.
La fiscalía sospecha de forma fundada que estas sofisticadas tareas de consultoría no eran más que un ropaje argumental e institucional diseñado para justificar el desembolso de cifras millonarias por servicios intangibles, un método tradicionalmente utilizado para encubrir el pago de prebendas a funcionarios públicos con capacidad de decisión sobre los contratos estatales.
De forma paralela al escándalo de la consultora de coaching ontológico, las otras dos causas judiciales que acosan a Manuel Adorni registran movimientos de altísima gravedad que explican, en gran medida, la parálisis operativa y la creciente preocupación que exhibe el funcionario en sus escasas apariciones públicas.
El segundo expediente, donde interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita junto al juez Lijo, investiga un presunto enriquecimiento ilícito centrado en la adquisición de valiosos bienes raíces en zonas de alta plusvalía inmobiliaria.
Los datos que maneja la justicia apuntan a inconsistencias severas en las operaciones de compraventa de un lujoso departamento ubicado sobre la calle Miró, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de una exclusiva propiedad residencial situada en la localidad de Indioca.
Las auditorías de tasación e informes registrales que merodean el expediente judicial señalan que los valores reales de mercado de ambas propiedades difieren de manera sustancial e injustificable de los montos que finalmente quedaron plasmados en las escrituras traslativas de dominio y que posteriormente fueron informados en las declaraciones juradas del funcionario.
Los investigadores judiciales sostienen de manera preliminar que se habría montado una maniobra de subfacturación deliberada de activos con el doble propósito de evadir cargas impositivas y ocultar el verdadero destino y volumen de los fondos utilizados para las transacciones, los cuales no guardan correspondencia con los ingresos legítimos declarados por Adorni en su trayectoria previa en el sector privado como analista y comunicador.
Esta flagrante inconsistencia patrimonial es señalada por fuentes de los tribunales federales como el motivo real y determinante por el cual el jefe de gabinete se encuentra demorando de forma sistemática y mediante sucesivos artilugios administrativos la presentación de su declaración jurada anual ante la Oficina Anticorrupción y los organismos de control fiscal.
Manuel Adorni sabe con certeza absoluta que tanto el juez Ariel Lijo como el fiscal Gerardo Pollicita poseen un as bajo la manga en forma de pruebas documentales, cruces bancarios internacionales y testimonios de operadores inmobiliarios que él todavía no ha podido compulsar de manera directa dentro del expediente, pero cuyo tenor e impacto intuye con precisión.
La certeza de que cualquier dato falsificado u omitido en su próxima presentación fiscal se transformará de inmediato en una prueba de cargo en su contra lo ha colocado en una encrucijada legal de la que difícilmente pueda salir indemne, abriendo un abismo de incertidumbre sobre su futuro inmediato en la cúspide del poder del Estado.
